Pese a que el saneamiento del Riachuelo debería ser una misión compartida entre la Nación, la Ciudad y la provincia de Buenos Aires; la Auditoría porteña (AGCBA) alertó sobre la “falta de coordinación” entre las jurisdicciones, a tal punto que “no se pudo determinar con precisión” la cantidad de establecimientos que contaminan la cuenca.

En ese sentido, el organismo de control comprobó que, en febrero del año pasado, la web de la Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo (ACUMAR) decía que había 13.666 establecimientos en la zona, de los cuales 3.107 estaban en la Ciudad de Buenos Aires.

“Sin embargo -continuó la investigación-, la Agencia de Protección Ambiental (APRA, una dependencia del Estado porteño) informó 3.113”.

Pero eso no es todo: “Por otra parte, la Dirección General de Control Ambiental de ACUMAR informó 3.953 establecimientos”, completó la Auditoría.

Asimismo, los técnicos descubrieron que tampoco había coincidencias en cuanto a los llamados agentes contaminantes, que son los establecimientos que generan emisiones gaseosas o residuos sólidos, contra las normas, o bien aquellos que incumplen los límites fijados por la ACUMAR para la descarga de efluentes líquidos.

Para esta categoría, la Autoridad de Cuenca señaló que en la Ciudad había 333 establecimientos, mientras que la Agencia de Protección Ambiental contó 456.

Más sobre la falta de coordinación. La Auditoría incluyó en su informe el caso de un pacto firmado entre los tres Estados que conforman la ACUMAR para avanzar con el saneamiento. Se trató del (tome aire si lee en voz alta) Acuerdo de Cooperación Interjurisdiccional de Asistencia Técnica y Cooperación Recíproca en Materia de Fiscalización y Control. 

El objetivo del convenio era, entre otras cosas, la programación coordinada de los controles, el intercambio sistemático de información sobre esos chequeos y la unificación de criterios para cada inspección. 

Pues para detallar esos aspectos, las partes debían rubricar protocolos complementarios que, al momento del informe de la AGCBA, no se habían firmado. 

Según la Auditoría, la ACUMAR no intima a las empresas ni mide las emisiones de gas.  

Otro hallazgo de los auditores sirve para entender la magnitud que implica que esos protocolos no hayan avanzado: según se observó, toda la información que recolecta la ACUMAR en sus inspecciones se carga en el Sistema Integral de Reconversión Industrial, conocido como Módulo SICOI. El problema es que “las demás jurisdicciones integrantes no tienen acceso a este sistema”, concluyó la investigación.        

Los controles

Para terminar de medir el grado de interacción entre los Estados, la Auditoría seleccionó una muestra de las inspecciones realizadas por Nación y Ciudad, y descubrió que: 

En el 76% de los controles que hizo la Agencia porteña de Protección Ambiental “no se verifica la coordinación y planificación de tareas junto con ACUMAR”. 

En el 56% de las fiscalizaciones hechas por ACUMAR “no se verifica la coordinación y planificación de tareas junto con APRA”. 

Y, por si faltaba algo, los auditores notaron que en ninguna de las inspecciones de la ACUMAR aparece alguna intimación a los establecimientos de la cuenca para que remedien los terrenos contaminados, ni hay mediciones sobre las emisiones gaseosas. 

Expresión de deseo

Ante este panorama, la conclusión del informe de Auditoría señala que “sería beneficioso, para lograr que las industrias dejen de contaminar, que los organismos coordinen sus tareas y se complementen” con el objetivo de “poder realizar una gestión más efectiva y eficiente”.