En 2009 se sancionó una ley destinada a proteger los bosques nativos a través de la implementación de políticas de conservación y manejo sostenible. El ex Ministerio debía girar recursos a las provincias y estas debían aplicar el 70% de lo recibido en compensaciones a los titulares de las tierras. El otro 30% tenía como fin desarrollar e implementar programas de fortalecimiento. Para ello se establecieron requisitos específicos de control y rendición de cuentas que no cumplieron.

La Oficina Anticorrupción detectó irregularidades en la gestión de este fondo desde su inicio hasta la actualidad y en todas las provincias que cuentan con bosques nativos. La falta de rendición de cuentas no hizo que las autoridades suspendieran los pagos, sino que por el contrario, se otorgaron prórrogas sucesivas.

Según consta en el documento presentado por la OA, entre 2010 y 2016, se transfirieron a las provincias $ 1.506.335.984, pero sólo se rindieron $ 349.676.660; lo que equivale a un 23% del total.

Un informe de auditoría, en el cual se sustenta la denuncia, indica que las áreas técnicas provinciales no pudieron informar ni evidenciar la efectiva aplicación de los fondos y el destino que sus jurisdicciones provinciales daban al 30% previsto para fortalecer estas mismas áreas de bosques. Además, la falta de capacidad logística y de recursos humanos con perfil técnico para realizar visitas e informes de relevamiento, afecta sustancialmente a los objetivos de la Ley y produce demoras en los desembolsos que perjudican a los beneficiarios.

A su vez, un informe de la Sindicatura General de la Nación (SIGEN) que analizó la rendición de cuentas de todas las provincias, encontró discrepancias en fechas de emisión y facturación, facturas repetidas y de ejercicios anteriores al período rendido o con fechas anteriores a la transferencia de fondos y otras inconsistencias.

En su denuncia, el organismo comandado por Laura Alonso concluye que más allá de que las rendiciones de esos fondos fueron sucesivamente prorrogadas por distintas administraciones con el sólo fin de poder seguir girando fondos cuando la propia normativa así lo prohibía, lo que está poniendo en evidencia dicha circunstancia es un total desmanejo de los fondos públicos, en donde se desconoce si fueron destinados a los fines originariamente previstos o aplicados a otros distintos aunque también públicos -esto podría configura la hipótesis de malversación caudales-. Incluso si fueron sustraídos del ámbito público para el propio beneficio de los funcionarios responsables de su manejo o de un tercero -hipótesis defraudatoria-, lo que no puede descartarse frente a las constataciones realizadas por la auditoría.

También se detectaron irregularidades en la delimitación de los territorios considerados como bosques nativos a los fines de la asignación de recursos, en donde se declararon superficies que no se correspondían con la existencia de los mismos o por el contrario se omitieron declarar donde sí los había. Incluso se incorporaron territorios correspondientes a Parques Nacionales, algo que no estaba previsto por la Ley.

La OA reclamó que la justicia investigue, por un lado, la conducta de los funcionarios responsables de las distintas jurisdicciones provinciales que eran los encargados de ejecutar los fondos y aplicarlos al fin previsto por la ley, y por otro, la responsabilidad de las autoridades nacionales, quienes no controlaron la actividad de las jurisdicciones locales y pese a no haberse aprobado las pertinentes rendiciones, siguieron girando fondos en una suerte de flujo constante sin control, concediendo prórrogas y habilitando transferencias cuando no se cumplían los requisitos mínimos para ello.

Los posibles delitos señalados son malversación de caudales públicos, administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública y violación de los deberes de funcionario público.