Hay una necesidad de fortalecer todos los organismos de control, particularmente en lo referido a la hacienda pública. Lo dijo el concejal puntano por el Frente Amplio Progresista, Francisco Guiñazú, respecto a las irregularidades detectadas en las cuentas de inversiones 2013 por parte del Tribunal de Cuentas de la ciudad de San Luis.

Entre las falencias descubiertas, sobresalen reintegros y subsidios a funcionarios, falta de control de expedientes vía Internet y anomalías en las cajas chicas. Según difundió el portal de noticias San Luis 24, en un nuevo relevamiento del Estado de las cuentas de la Municipalidad, el organismo de control señaló sendos gastos en modalidad de reintegros para varios funcionarios, en una cifra cercana a las $ 226.954 y una cifra similar en subsidios.

Desde el Tribunal de Cuentas, justificaron esta suma de dinero a la que calificaron como un apartamiento de la normativa legal. Por su parte, Guiñazú tildó a la situación como realmente preocupante ya que se puso en evidencia la existencia de subsidios y reintegros a funcionarios públicos municipales hecho que viola el régimen de contabilidad que se mantiene vigente en el municipio.

El dirigente radical, que integra las filas del FAUNEN dentro del Concejo Deliberantes puntano, aclaró que cuando el Cuerpo trató este tema resolvió rechazar las cuentas de inversión de 2013 y pidió que se realice al interior del organismo de control un juicio de cuentas y otro de responsabilidad administrativa.

El juicio de cuentas permite determinar si han existido perdidas o distracciones de dinero en perjuicio del Estado municipal. En cambio, la responsabilidad administrativa está direccionada a los funcionarios responsables que no actuaron como corresponden, explicó Guiñazú.

El concejal recalcó la necesidad de recuperar la política como una herramienta de gestión positiva, efectiva y concreta. Además, adelantó que presentará un proyecto para dotar al Tribunal de Cuentas de herramientas legales para ser más ejecutivo.

Hoy quien debe ejecutar las multas que impone el organismo de control es el asesor letrado municipal quien, en la actualidad, es el apoderado del intendente (Enrique) Ponce. Para Guiñazú este hecho es una anomalía grave ya que la norma establece que el funcionario no podrá ser sometido a estos juicios de responsabilidad y que está en ejercicio de sus funciones. Esa es otra barbaridad, alertó.

Hay que echar mano a las normas vigentes. Acá los legisladores tenemos una responsabilidad sobre este tipo de cosas porque sino terminamos siendo funcionales a la falta de control, aseveró el dirigente radical y pidió realizar una reforma integral en los organismos de control.

Por último, Guiñazú cuestionó que la Defensoría del Pueblo hace más de 10 años que no está en funciones. Se han relajado todos los controles políticos y no somos capaces de dar vuelta esa historia, concluyó.