Tras vetar dos veces una ordenanza para crear un Ente Regulador de Transporte público en la ciudad de Neuquén,  el intendente Martín Farizano presentó su propio plan para conformar un organismo que tendrá como objetivo principal fiscalizar el cumplimiento de los contratos de todos los servicios públicos concesionados que tiene la capital provincial. Pero, por algunas particularidades de la iniciativa, desde el Concejo Deliberante ya adelantaron que difícilmente aprueben el proyecto.

Se trata de la prestación de los servicios de electricidad y alumbrado público (a cargo de la Cooperativa de Agua, Luz y Fuerza), el transporte urbano de pasajeros, la recolección de residuos (aunque todavía no se ha conformado el contrato), el estacionamiento medido (en proceso licitatorio), y recientemente se agregó el servicio de agua potable y saneamiento (se encuentran trabajando en el marco regulatorio).

La propuesta de Farizano establece que será un ente autárquico con personería jurídica, pero funcionará bajo la órbita de la administración municipal. Por esto, y pese a que los ediles vienen reclamando la creación del organismo desde hace varios años, el proyecto del intendente neuquino generó cierta polémica. Es que, según se dio a conocer, la conformación del directorio estará integrada por tres miembros (con un mandato de cinco años), dos de los cuales serán nombrados por el Ejecutivo, y uno por el Concejo Deliberante.

Gestionpublica.info dialogó con Mercedes Lamarca, concejal de Libres del Sur, quién consideró que la idea del Ente que se envió desde el municipio es totalmente adicta al Ejecutivo, porque ellos designan de manera directa y a dedo dos de los tres miembros que lo integran. El directorio debería conformarse a través de un concurso por evaluación de antecedentes, remarcó e insistió en que el organismo debe ser autárquico, lo que implica contar con independencia funcional y financiera.

En cuanto a las funciones, también son acotadas porque no plantea la creación de los pliegos de licitación y los marcos regulatorios cuando se vencen los contratos de las empresas, eso lo seguiría haciendo el Ejecutivo, agregó Lamarca.

Por su parte, el concejal Luis Acuña, miembro del bloque Movimiento Popular Neuquino (MPN) y presidente de la comisión de Servicios Públicos, remarcó la importancia de contar con un Ente Regulador que tenga un fuerte contenido técnico y que no esté atado al poder político, ya que según consideró en Neuquén padecemos la falta de control de la municipalidad en todo lo que es servicios públicos.

Dentro del municipio funciona la Unidad de Control de Servicios Concesionados, a cargo de Julieta Bacci, que tiene como objetivo administrar y regular los servicios públicos concesionados. Sin embargo, el concejal del MPN consideró que el organismo no cumple con las funciones que tiene, y agregó: Cuando tenemos servicios monopólicos necesitamos ejercer una regulación para optimizar los servicios de la empresa.

La edil de Libres del Sur explicó a gestionpublica.info que desde hace unos años el Ejecutivo municipal le concede prórrogas a las empresas que tienen sus contratos de concesión vencidos, a la vez que los pliegos de licitación salen con mucho retraso. Es dudosa la relación de los funcionarios municipales en cuanto a la defensa de los intereses de las empresas, por eso planteamos la necesidad de contar con un Ente para que se transparenten los procesos y se hagan los marcos regulatorios y pliegos a tiempo, concluyó.

Antecedentes

En noviembre de 2008 venció el contrato de concesión de la empresa INDALO S.A, prestadora monopólica del servicio de transporte urbano de pasajeros de Neuquén y, sin haberse realizado una licitación, se le otorgó una prórroga de seis meses bajo contratación directa. Vencido este plazo, se le concedió una nueva, por un año más, bajo las mismas condiciones. Recién a principios de este año se abrió el proceso licitatorio y la semana pasada desde el Ejecutivo se envió el dictamen de pre adjudicación.

Miembros del Concejo Deliberante provincial destacaron la mala prestación del servicio de transporte por parte de INDALO S.A, producto de la falta de control del municipio. Cuando no ejercés control, la empresa deteriora su calidad porque nadie le exige; por ejemplo, hoy en día hay problemas con la frecuencia (se llega a esperar un colectivo 50 minutos), suciedad en las unidades, no tienen calefacción ni luces, y son inseguros, detalló Acuña.

Como consecuencia de esta situación, en diciembre de 2009, a instancias del bloque Movimiento Popular Neuquino, se presentó un proyecto de ordenanza para crear un Ente Regulador de Transporte público, pero el Ejecutivo provincial lo vetó. Cuatro meses después, se volvió a insistir, casi por unanimidad, con la idea y se encontraron con la misma respuesta del intendente, quien argumentó que el Concejo no tenía la facultad de crear entes autárquicos. Igualmente, esta vez asumió el compromiso de elaborar, desde el municipio, un proyecto para crear un Ente Regulador que abarcara no sólo al transporte, sino a todos los servicios públicos concesionados. Fue así que en agosto de este año, Farizano presentó finalmente ante el Concejo Deliberante la propuesta para crear el Ente Regulador de Servicios Públicos (Ersep).

La experiencia de Córdoba y Salta

Hace 10 años funciona en la provincia de Córdoba el ERSeP (Ley N°8835), un organismo autárquico dependiente del ministerio de Obras Públicas que se encarga de regular y controlar la prestación de los servicios públicos provinciales de agua, energía, transporte interurbano de pasajeros, y concesiones de obra pública.

El directorio esta conformado por un Presidente (Rody Wilson Guerreiro), un Vicepresidente (Luis Arias)- designados por el Poder Ejecutivo- y cuatro vocales, uno de ellos representa a las asociaciones de usuarios. Todos duran cinco años en sus funciones y pueden ser reelectos una sola vez.

Entre sus funciones se destacan las de resolver los reclamos de los usuarios por deficiencias en la prestación del servicio o fallas en la facturación, desarrollar acciones destinadas a mejorar la calidad y eficiencia de los servicios, controlar el mantenimiento de los bienes e instalaciones, y aplicar sanciones a prestadores.

Otra de las provincias que cuenta con un Ente Regulador de Servicios Públicos (Ley N° 6835 del año 1995), es Salta. El organismo es dirigido por un Presidente (Armando Isasmendi) y cuatro directores, designados todos por el Poder Ejecutivo (duran seis años en sus funciones y pueden ser reelectos de forma ilimitada).

El Ente es una entidad autárquica, goza de personalidad jurídica propia, y tiene la capacidad para comparecer en juicio como actor, demandado o en la calidad procesal que correspondiere. Debe garantizar que los servicios existentes y los que se establezcan a futuro se presten con los niveles de calidad exigibles, con protección del medio ambiente y de los recursos naturales y con arreglo a tarifas debidamente aprobadas.

Ciudad Buenos Aires

La Capital Federal también tiene un Ente Único Regulador de los Servicios Públicos, presidido por Lisandro Damián Ferrali, propuesto por el Poder Ejecutivo, mientras que los cuatro vocales que completan el directorio son designados por la Legislatura porteña, uno de ellos debe ser miembro de organizaciones de usuarios y consumidores.

El proyecto de creación del Ente Regulador de los Servicios Públicos en Neuquén, enviado por el intendente Martín Farizano, se encuentra en estado parlamentario, a consideración del Concejo Deliberante. En breve, será puesto en la comisión de servicios públicos para su discusión, aunque, según adelantaron los concejales, así como está no va a ser aprobado.