Un informe de la Auditoría General de la Ciudad de Buenos Aires (AGCBA) remarcó que algunos programas que están a cargo de la Dirección General de Promoción Cultural (DGPC) carecen de los insumos básicos para funcionar. De hecho, por este motivo, la Dependencia no tiene “una adecuada red de comunicación” que permita una correcta planificación de todos los programas que tiene a su cargo.

Uno de los programas auditados fue el Circuito de Espacios Culturales, lugares que ofrecen una programación basada en espectáculos libres y gratuitos, obras teatrales infantiles y para adultos, muestras de artes plásticas, conferencias y talleres, entre otras actividades.

Cuando la AGCBA realizó el relevamiento de los recursos materiales con los que cuentan estos espacios detectó que cuatro de ellos “no contaban con sistemas de calefacción ni refrigeración” por lo que se hacía “difícil que el público asista a las funciones realizadas en las salas” y “desarrollar las tareas administrativas”. Esto sucede en los complejos Del Sur, Julián Centeya, Carlos Gardel y Marcó del Pont.

Los auditores también detectaron que los Espacios Culturales “no tienen dispenser de agua ni recursos para comprarle un refrigerio para los artistas que actúan sin cachet”,  es el  propio personal el que financia estas compras.


Programa Cultural en Barrios

El Programa Cultural en Barrios fue creado en 1984 bajo la órbita de la Secretaría de Cultura y consiste fundamentalmente en “el dictado de talleres culturales gratuitos” a los que, como complemento, se le suman diferentes eventos como muestras y charlas.

De los 36 talleres en los que se desarrolla el Programa en cuestión, la AGCBA visitó 12 y detectó que: “dos no tienen computadoras”, que son el Aníbal Troilo y el Julio Cortázar;  “seis centros carecen de acceso a Internet; nueve, no tienen impresoras y de los tres casos que cuentan con ese equipamiento, dos son de propiedad particular”.

La Auditoría de la Ciudad expresó, en su informe aprobado este año sobre datos de 2009, que “para un adecuado funcionamiento, los Centros Culturales necesitan contar con equipamiento informático acceso a Internet y cuentas de mail” ya que “al estar descentralizados, la comunicación -de los diferentes talleres- con la Coordinación del programa es por correo electrónico”.


Programa Integración Cultural

El organismo de control también analizó el Programa de Integración Cultural en cuyo ámbito se encuentra el Centro Cultural Fontanarrosa que funciona los jueves y los viernes a contraturno en una escuela el Área de Educación Especial. Ahí se dan talleres de títeres, radio, danza, entre otras tareas, con el objetivo de “poner al alcance de los vecinos con alguna discapacidad” las actividades que realiza el área de cultura.

La AGCBA manifestó que el lugar “no cuenta con computadora, impresora, fotocopiadora, ni tiene acceso a internet”. Para poder hablar por teléfono, al no tener línea propia, “se utiliza el celular del personal de coordinación del Centro”. Según el informe, “resulta necesario contar con una línea telefónica –por ejemplo- ante una emergencia”, ya que los alumnos que concurren a los talleres lo hacen “acompañados por sus padres o acompañantes terapéuticos, que muchas veces permanecen en la zona durante las actividades”.

El programa también cuenta con una docente integradora que recorre los Centros Culturales del Programa en Barrios con el fin de “facilitar la integración de las personas con discapacidad en los talleres dictados”. Sin embargo, de la auditoría se desprende que “en un sólo caso la coordinación de un Centro Cultural manifestó que los maestros del Programa de Integración asisten todos los años brindando capacitación y asesoramiento”.


Bibliotecas para Armar

También fue analizado el Programa Bibliotecas para Armar, que fomenta y apoya el trabajo de Bibliotecas comunitarias, como respuesta a la necesidad de nuclear y organizar éstos espacios. Según lo expuesto en el informe, el proyecto utiliza un depósito en el barrio porteño de Barracas, que pertenece al Organismo Nacional de Administración de Bienes (ONABE). Sin embargo, el organismo de control detectó que “no hay constancia de que se haya formalizado debidamente la cesión” del predio. Es decir, desde el 2005 la DGPC utiliza la locación en cuestión sin ningún acto formal que respalde su usufructo.