El pasado jueves 17 de septiembre se realizó en el Senado de la Nación  una nueva reunión conjunta de asesores de las Comisiones de Agricultura, Ganadería y Pesca, Ambiente y Desarrollo Sustentable, Justicia y Asuntos Penales para tratar la Ley de Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental para la Gestión de los Envases Vacíos de Fitosanitarios. GestionPublica.info dialogó con el  coordinador de la Red Universitaria de Ambiente y Salud, Médicos de Pueblos Fumigados, Dr. Medardo Ávila quien confirmó que el objetivo es sacar los envases de la Ley de residuos peligrosos y ponerlos en una mucho más permisiva, irresponsable y peligrosa.

En este momento, en la Cámara de Diputados se está tratando una norma sobre comercialización, mientras que el Senado debate un proyecto para eliminar los envases de agroquímicos de la Ley de Residuos Peligrosos (considerando tóxico el residuo pero no su aplicación) lo que demuestra la falta de coordinación entre ambas cámaras para alcanzar un Ley integral sobre el tema, describió Ávila.

Presentamos en la Cámara Alta una mirada del agronegocio distinta, llevamos la voz de los médicos de los pueblos del interior sobre pacientes que tienen cáncer, niños que nacen con malformaciones y una serie de problemáticas que están invisibilizadas, explicó a este medio Medardo Ávila.

Medardo Ávila remarcó que la Ley de residuos peligrosos establece que el uso indiscriminado de agrotóxicos sea sancionado penalmente pero con esta nueva normativa se perdería esa posibilidad. Para nosotros las empresas productoras deberían ser las encargadas de los envases, pero con esta ley va a quedar todo igual y se van a seguir tirando en el campo, insistió.

La visión de la AGN

En la jornada del Senado también estuvo presente el Presidente de la Auditoria General de la Nación (AGN), Leandro Despouy, quien comentó algunas conclusiones basadas en los informes del organismo de control y afirmó que el panorama es desolador.

Despouy cuestionó que el Estado no realiza ningún relevamiento sobre la cantidad y calidad de los agroquímicos que se utilizan y no se ha exigido el principio precautorio.

Sobre este tema, un informe de la AGN sobre la gestión del SENASA en el año 2012 confirmaba que  no hay una base de datos integrada, completa y sistematizada con la información de todas las empresas registradas que se encargan de esparcir agroquímicos. Además de esto, se descubrió que las empresas no cumplen con todos los requisitos legales exigidos para la inscripción ni tampoco existe una notificación de la Administración requiriendo su cumplimiento. Tampoco se aplican sanciones a las empresas incumplidoras.

A modo de conclusión, el Presidente Despouy, lamentó que no haya una ley de presupuestos mínimos para el tratamiento del suelo y afirmó que hay un Estado que actúa en contra de la ciudadanía.