Hace tres años un equipo de trabajadores de la Auditoría General de la Ciudad de Buenos Aires recorrió el Hospital neuropsiquiátrico Braulio Aurelio Moyano y detectó, entre otras cosas, graves fallas en materia de infraestructura. Techos construidos con sustancias cancerígenas, desprendimiento de cielorrasos y sectores sin gas, fueron, por aquel entonces, algunas de las advertencias del organismo de control.

Una cronista de gestionpublica.info visitó este mes las instalaciones del Hospital y pudo corroborar que muchas de las falencias detectadas por los auditores seguían sin resolverse. Mario Muñoz, delegado de ATE por el nosocomio, confirmó no solo que las irregularidades se mantienen sino que el edificio sigue funcionando gracias al trabajo que realizan los trabajadores diariamente.

Además, denunció que todo es una maniobra política de desguace que el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires está aplicando en los hospitales de salud mental, tendiente a avanzar, en un futuro, con el negocio inmobiliario para quedarse los terrenos. Hay empresas españolas que propusieron una inversión de 480 millones de dólares para hacer un gran complejo inmobiliario, para ello habría que sacar a los pacientes del lugar, entonces nada mejor que el desmantelamiento edilicio, enfatizó Muñoz.

El Hospital Braulio Aurelio Moyano, ubicado en Brandsen 2570, es un neuropsiquiátrico de la Ciudad de Buenos Aires dedicado en exclusividad a la atención de mujeres. En otro apartado del informe del organismo de control, publicado este año por el portal ElAuditor.info, los auditores porteños revelaron falta de medicamentos y personal, y una demora de 180 días en los turnos y atrasos de 2 años en los exámenes ginecológicos.

Condiciones edilicias

Goteras, filtraciones, falta de gas y pabellones abandonados forman hoy parte del panorama. Muñoz informó que el primer fin de semana de octubre las fuertes tormentas provocaron una inundación en uno de los pabellones debido a las malas condiciones del techo. Corrimos riesgo de electrificación y hubo que evacuar a los pacientes, afirmó en diálogo con gestionpublica.info.

Además, detalló que si bien en todos los pabellones hay sistema contra incendios, el mismo no está conectado a la red de agua por lo que es solo una decoración, ironizó.

Los consultorios externos están en malas condiciones, no hay gas y el sistema de electricidad es inadecuado, agregó. Según el delegado, la solución está al alcance, ya que hay un ala de la ex unidad penitenciaria que tiene gas y está en buenas condiciones pero se está deteriorando porque el gobierno no quiere autorizar a que se muden ahí los consultorios externos para así refaccionar los actuales.

Faltan recursos humanos

La falta de personal es una de las falencias más graves de la clínica, ya que para 17 hectáreas solo cuentan con 12 encargados de mantenimiento. Antes había 140 trabajadores en el área. En pabellones donde hay 60 pacientes hay una sola enfermera cuando debería haber 7 u 8 en cada turno agregó el delegado.

También faltan personal de vigilancia y  psicólogos, de estos últimos solo hay 24 rentados y hay cerca de 25 más que están en negro, sin contrato y con un salario ínfimo. Se suma a esto la farmacia, donde 2 personas se ocupan de todas las tareas haciendo que el horario de atención sea más reducido de lo que corresponde.

Un paso adelante, un paso atrás

Según Mario Muñoz, algunos servicios mejoraron un poco. El complejo Vélez Sarsfield se refaccionó y producto de la lucha que hicimos, se hizo la guardia nueva. Pero, asimismo, se han echado a perder pabellones que se habían arreglado por falta de mantenimiento. Otro caso de avance y retroceso es la llegada del mamógrafo y el ecografo, luego de la advertencia de la auditoria, pero solo hay un técnico encargado que no da abasto.

Denuncias

Cuando denunciamos estas cuestiones, nos dicen que enviaron una empresa privada de auditoría para verificar qué tareas hace cada trabajador, violando así la intimidad de las pacientes solo para ver si los trabajadores cumplen. Pero no pudieron comprobar ninguna falencia por parte de los trabajadores, dijo Muñoz.

Otra de las acusaciones que realizó el delegado, fue la privatización de distintos sectores que se llevaron a cabo. Tareas como cocina, limpieza, mantenimiento, vigilancia y parques y jardines, y ahora el lavadero son alguno de la divisiones afectadas. Muñoz aseveró que cuando se presenta un problema la forma de solucionarlo es privatizando.

Para finalizar Mario Muñoz acusó que el GCBA designó una nueva categoría de trabajadores, que son gerentes y subgerentes, quienes en realidad son punteros políticos que instalaron para tener a cargo a todos los trabajadores. Ellos están cobrando 30 mil pesos y 23 mil pesos el subgerente cuando un enfermero cobra 7 mil pesos.