Trece años después de la sanción de la Ley 26.061, de Protección Integral de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, nunca fue designado un Defensor a nivel nacional y, a noviembre de 2017, el Plan de Acción Nacional no se encontraba actualizado.

La ley mencionada crea la Secretaría Nacional de la Niñez, Adolescencia y Familia (SENNAF), el Consejo Federal de Niñez, Adolescencia y Familia y la figura del Defensor de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes. Además, establece un Sistema de Protección Integral de sus derechos conformado por todos aquellos organismos, entidades y servicios que diseñan, planifican, coordinan, orientan, ejecutan y supervisan las políticas públicas en el ámbito nacional, provincial y municipal.

Lentamente, avanza la designación del Defensor de Niños, Niñas y Adolescentes.
Lentamente, avanza la designación del Defensor de Niños, Niñas y Adolescentes.

La Auditoría General de la Nación (AGN) detectó falencias en la SENNAF al analizar el período que va de enero de 2014 a junio de 2017. El informe fue aprobado en septiembre pasado.    

En lo que tienen que ver con el Defensor, solo ocho provincias lo establecieron. A nivel nacional, tras muchas idas y vueltas, avanza el proceso. Hay 10 mujeres y cinco varones que siguen en carrera. Debieron presentar un plan de trabajo y les queda defenderse en una audiencia pública. Así, uno de los defectos hallados por los auditores estaría próximo a resolverse.

El Plan Nacional de Acción 2012-2015 “no contempló metas claras ni cuantificables ni fue elaborado con indicadores de seguimiento ni de resultados”. Tampoco especifica “partidas presupuestarias para cada conjunto de acciones”. 

La AGN da cuenta de que “no existen metas propuestas ni indicadores de resultados para evaluar la eficacia del organismo en la materia”. Solo hay metas enunciadas en el Presupuesto Nacional de 2014, 2015 y 2017. Para el año 2016 no se consignaron metas.

Por otra parte, el organismo de control indica que CONIN, la fundación que dirige Abel Albino y trabaja en los Espacios de Primera Infancia (EPI) fruto de un convenio con Nación, “no es eficaz para articular los EPI”. Destaca que “solo en tres de los 19 EPI visitados se observó que existe vinculación con los centros CONIN”.

Además, “el Plan Nacional de Primera Infancia (PNPI) no contempla el destino específico de los fondos para los subsidios semestrales que se abonan en concepto de beca por niño que asiste al EPI. Eso dificulta las tareas de control y seguimiento de la implementación de los convenios al no poder evaluar los rubros en los que se destinaron los fondos.

Cada EPI utiliza una modalidad diferente en función de si depende de la Ciudad de Buenos Aires, Provincia de Buenos Aires, Santiago del Estero o Córdoba, si se tiene en cuenta aquellos que fueron auditados.

Por último, “no existen criterios claros y precisos de admisión de los niños a los Centro de Desarrollo Infantil (CDI)”, dependientes de la SENNAF. Así, la admisión de cada chico queda a cargo del informe que elabore cada equipo técnico interdisciplinario actuante en cada uno de los CDI.

Lo que sí reconoce la AGN es que la SENNAF se vio “fortalecida institucionalmente” durante el período auditado, mediante la creación de una Subsecretaría de Primera Infancia.