FARN es una organización no gubernamental cuya función es planificar y coordinar la ejecución de la política ambiental de Buenos Aires. En una carta enviada a la gobernadora de la Provincia, María Eugenia Vidal, explican que nuestro organismo ha presentado, desde fines de 2017 y hasta el presente, nueve pedidos de acceso a la información ante el OPDS, todos ellos vinculados a la competencias del organismo.

El artículo 4° de la Ley N° 25.831, sanciona que las autoridades competentes de los organismos públicos están obligados a facilitar la información ambiental requerida en las condiciones establecidas por la presente ley y su reglamentación.

La resolución de las solicitudes de información ambiental debe llevarse a cabo en un plazo máximo de treinta (30) días hábiles, a partir de la fecha de presentación de la solicitud. En materia ambiental, la información es uno de los pilares básicos para el ejercicio de derecho a gozar del ambiente que garantizan a los habitantes los artículos 41 y 28 de las constituciones de la Nación y la Provincia respectivamente, declara la norma.

Según FARN, a pesar de haber realizado pedidos de información respecto a temas de competencia del OPDS, ninguna de las solicitudes ha recibido respuesta hasta el momento. Ante esta situación la organización, de manera previa a iniciar las acciones legales que la normativa establece, envió una carta a la gobernadora solicitando tenga a bien ordenar al OPDS que cumpla con el deber constitucional de informar y que disponga los mecanismos necesarios para que dicha situación pueda corregirse.

Los 9 pedidos fueron sobre temas variados, entre ellos: la operación de dragado llevada a cabo en la Cuenca Matanza Riachuelo en el sector conocido como Cuatro Bocas; la situación ambiental del Río Reconquista; el traslado del Mercado de Hacienda de Mataderos; el tratamiento de residuos en la provincia; los emprendimientos en los terrenos del bajo delta del Río Paraná y los planes de conservación de humedales.

En la carta advierten que, creemos que resulta mucho más eficiente desde el punto de vista de la gestión y la protección ambiental lograr que se cumplan con las obligaciones que la normativa ordena, en vez de iniciar nueve acciones judiciales contra el gobierno a vuestro cargo y que ocasionarán no sólo erogaciones presupuestarias sino también un gran dispendio jurisdiccional y una muy mala utilización de los recursos humanos que resultan tan necesarios para atender la multiplicidad de problemáticas existentes.