La cuenta de inversión correspondiente a 2016, que fue aprobada por la Auditoría General de la Nación (AGN) hace poco más de un meses, aporta varios datos que permiten tener una idea más detallada sobre cómo el gobierno administró los recursos públicos en su primer año de mandato.

En ese sentido, este medio ya dio cuenta de la caída en términos reales de las transferencias que se destinaron a las universidades durante el año en cuestión, y también de la proporción de envíos discrecionales de dinero desde la Nación hacia las provincias y municipios.

Pues esta vez es el turno de analizar cómo trabajó la AGN sobre la cuenta de inversión 2016, cuántos informes se realizaron y, puntualmente, cuáles fueron los principales hallazgos de los técnicos. 

En primer lugar, vale recordar que el dictamen de la cuenta resultó favorable con salvedades.   

En segundo término, el llamado Control Externo de Cumplimiento y de la Gestión Gubernamental, fue un trabajo que se dividió en tres:

•    26 informes que derivaron, cada uno, en una actuación con opinión propia;
•    La actuación 674/18, un informe sobre los estados contables; 
•    La actuación 675/18, sobre la ejecución presupuestaria. 

Los hallazgos

Por el lado de la actuación 674/18, que analizó balances de entes como la AFIP y la ANSES, los auditores señalaron que las “deficiencias de mayor impacto” fueron la “falta de actualización de patrimonios netos que integran el 60% del rubro aportes y participaciones de capital”; además se destaca la “incertidumbre en la recuperanilidad” de créditos de largo plazo, como en el caso de la represa Yacyretá; y la situación del Fondo de Desendeudamiento Provincial, los Fondos Fiduciarios y los Bienes de Uso, que “presentan observaciones que dificultan su medición”. 

No obstante, el organismo también remarca que “el resultado negativo en el patrimonio neto del sector público nacional se incrementó en 62%, producto de la significativa variación del pasivo fundamentalmente por la deuda pública”.

La provincia de Buenos Aires no informó las obras que ejecutó con el fondo sojero.

Por su parte, la actuación 675 examinó ejecuciones presupuestarias y en varios aspectos su opinión fue favorable con salvedades: por ejemplo, los proyectos de inversión, el registro y exposición de recursos, las contribuciones y remanentes, y las obligaciones a cargo del Tesoro. 

En este último punto el organismo de control aclaró que la provincia de Buenos Aires, que recibió el 21% del total transferido por Nación, “no cumplió con las presentaciones de documentación referida a las obras a ejecutarse mediante el Fondo Federal Solidario”

Asimismo, la AGN hizo las llamadas auditorías de metas sobre una muestra de organismos y comprobó que “la información no cumple con los aspectos significativos con los criterios definidos”, y añadió: “Todos los Servicios Administrativos Financieros (SAF) examinados presentan desvíos en la ejecución física de sus presupuestos, escasa capacitación, falta de registros de la ejecución” (ver aparte).

Además, se elaboró otro informe sobre el relevamiento y resolución de cierre de cuentas, en el que se determinó que “solo el 38,6% de las entidades del Sector Público Nacional presentaron en término la información requerida por la Secretaria de Hacienda”.

Solo tres

Volviendo a los SAF, la Auditoría investigó once entes públicos en dos aspectos de su gestión: ejecución presupuestaria y cuadros de cierre y balance. 

De esa muestra, el organismo de control otorgó la opinión favorable con salvedades en “solo tres casos”. El resto obtuvo abstenciones de opinión u opiniones adversas. 

Con estas valoraciones aparecen: 

•    La Secretaria Legal y Técnica, que tiene opinión favorable con salvedades para el Estado de Ejecución Presupuestaria, pero Adversa en los Estados Contables;
•    El Instituto de Investigaciones Científicas y Técnicas de las Fuerzas Armadas logró opinión adversa en la Ejecución Presupuestaria y Abstención en Estados Contables;
•    El Hospital Posadas y el Centro Internacional para la Promoción de los Derechos Humanos, con opinión adversa en ambos informes;
•    Y los ministerios de Hacienda, Interior y Desarrollo Social, que obtuvieron abstención de opinión en los dos informes.