Una pregunta, tres respuestas y una certeza: en esta historia nadie sabe lo que, mínimamente, debería saber. 

¿Es el tráiler de una película de suspenso? No. Así podría resumirse el hallazgo de la Auditoría General de la Ciudad de Buenos Aires (AGCBA) que, tras investigar cómo se ejecutan los trabajos de limpieza en el sur porteño, concluyó que no es posible saber cuántos vehículos tiene el Ente de Higiene Urbana

El dato figura en un informe aprobado este año sobre la gestión 2016. Según el texto, el propio Ente reconoció “la existencia de 78 vehículos”. Sin embargo, la Dirección General de Flota Automotor del Gobierno de la Ciudad contó 54. Y, por si faltaba algo, el organismo de control identificó 80 móviles.

No obstante, más allá de las desavenencias, la investigación añadió que “en ninguno de los vehículos identificados por la AGCBA consta en forma visible la Oblea de RTO (Revisión Técnica Obligatoria) o VTV (Verificación Técnica Vehicular) conforme la normativa vigente”.

 

 

Sobre este tema, la Auditoría señaló que “el material rodante no cumple con las normas para la circulación de vehículos en la vía pública”, y sentenció: “La nula capacitación del personal contribuye al deterioro de los recursos asignados”. 

¿Qué es el Ente de Higiene Urbana? Es la oficina encargada de limpiar los espacios públicos de la llamada Zona 5 que, en rigor, es la Comuna 8 y abarca los barrios de Villa Lugano, Villa Riachuelo y parte de Villa Soldati. 

Área de acción del Ente de Higiene Urbana

El servicio incluye la recolección domiciliaria de residuos, limpieza y barrido de calles, y -a pedido- el retiro de restos de poda y escombros. Además, el Ente mantiene los baños públicos de Costanera Sur y se encarga de vaciar y mantener los contenedores de la zona 5 (ver aparte).  

Dinero

Con respecto al manejo de los fondos, la Auditoría detectó que “se han aprobado gastos del Ente de Higiene Urbana que corresponden a otras unidades ejecutoras”.  

¿Cómo? Mediante el uso de un decreto de 2016 (el 433), que contempla agilizar operaciones que garanticen la prestación de un servicio y que, por su carácter de impostergable, se hacen por fuera de la normativa vigente. En pocas palabras, contrataciones directas

NdeR: en rigor, el decreto 433/16 derogó dos anteriores, el 556/10 y el 752 del mismo año, modificando las competencias y ampliando los montos en juego.

Lo que llamó la atención de los auditores es que, de todas las operaciones que hizo el Ente de Higiene bajo esta modalidad, “el 71,54% correspondió a otras Direcciones Generales”, es decir, a distintas reparticiones del Gobierno porteño. 

En números, esos desembolsos ascendieron a $ 87.635.505,72.

Según el informe, seis de cada 10 contenedores carecen del mantenimiento suficiente.

Frente a este panorama, el organismo de control remarcó: “El Ente de Higiene Urbana durante 2016 contó con los recursos presupuestarios suficientes para realizar una gestión más eficiente y eficaz. Todo ello no fue ejecutado conforme los objetivos propios de la repartición, pues alta proporción de gastos ajenos al organismo fueron solventados con partidas presupuestarias propias y, prácticamente, con lo que se devengó por compras de urgencia de otras jurisdicciones se podía haber dado curso a la compra de camiones, la cual se paralizó sin fundamento alguno”. 

Asimismo, para la Auditoría estas operaciones provocaron en que la gestión del Ente se desarrollara “con limitaciones operativas, tanto de personal como de equipamiento, todo ello implicando no poder brindar un servicio de calidad”, que incluso está contemplado en la Ley 4120 de la Ciudad.

Para más detalles, el informe especifica que el presupuesto del ente en 2016 ascendió a $ 412.250.351.

Los contenedores

Como ya se dijo, una de las tareas del Ente de Higiene es mantener los contenedores de gran parte de la Comuna 8.

 

Atribuyen el mal funcionamiento de los contenedores al uso indebido de ciudadanos y recolectores.

 

En ese sentido, los técnicos notaron que “el 63% de los contenedores instalados en la vía pública carece de mantenimiento suficiente, y no se encuentran en buen estado de conservación y funcionamiento”.
Para completar, el informe apuntó que “la hermeticidad no está cumplida en un 35%”, en referencia al funcionamiento de las tapas de los contenedores, y esta falencia es atribuida en mayor medida al “uso indebido por parte de los ciudadanos y de los recolectores de residuos”.