El Poder Ejecutivo publicó en el Boletín Oficial el Decreto 870/2018, que establece la modernización del puerto de Buenos Aires. Las reformas que se llevarán a cabo tienen como objetivo ampliar la capacidad operativa, reducir los costos de logísticas e integrar el puerto a los espacios urbanos.

En noviembre se presentará el plan ante los posibles licitadores internacionales. La reforma implica una concesión del puerto por 35 años, prorrogable otros 15 años más, a un solo operador y que se hará cargo del puerto actual y de la futura terminal. Las obras, en las que trabajarán en conjunto con el estado, comenzarán sin afectar la funcionalidad del puerto, que se mudará una vez finalizada la terminal exterior.

El plan publicado en la licitación del Estudio de Impacto Ambiental es muy arriesgado, con enormes inversiones, que ninguna empresa privada va a tomar por su cuenta. El mundo del transporte marítimo, donde está insertado el Plan del Puerto de Buenos Aires, está en una grave crisis, aseguró Antonio Zuidwijk, experto en Logística y Puertos, quien recomendó pensar un plan nacional y más flexible, para disminuir las consecuencias negativas.

Se habla de inversiones millonarias. En un país con casi 30% de pobreza, se deben fijar prioridades y estudiar las cosas con seriedad, con debates abiertos y una mayor participación del Congreso, ya que es una cuestión Federal, denunció. Zuidwijk remarcó la necesidad de generar mesas de trabajos y debates al respecto del Plan de Modernización del Puerto de Buenos Aires.

El objetivo es generar dos terminales de contenedores que cuenten con muelles corridos de más de 800 metros de longitud y superficie operativa adecuada para permitir la atención de buques Neopanamax, barcos portacontenedores de gran capacidad. El puerto de Buenos Aires tiene a su cargo más del 60% de las operaciones de contenedores y es una de las principales terminales de cruceros del país junto con Puerto Madryn y Ushuaia, recibiendo anualmente cerca de 490.000 cruceristas.

Control portuario

La Auditoría General de la Nación, en 2017, reveló en un informe que 116 puertos operativos funcionan sin habilitación, de un total de 225 terminales portuarias. Esta advertencia se sumó a otra realizada en 2012, donde se mencionaba las mismas fallas. Para la Auditoría esta irregularidad da cuenta, no solo de la precariedad en la que se encuentran operando muchos puertos, sino también de la ineficiente gestión de la Dirección Nacional de Puertos (DNP).

Entre otras falencias señaladas por la AGN, figuran la carencia de permisos de amarres en el 94 por ciento de los puertos, inspecciones débiles y poco frecuentes y la falta de sanciones aplicadas por parte de la DNP. El informe también encontró poca seguridad en Aduanas y Migraciones. En esta línea, en 2013 la AGN encontró que los escáneres no detectaban estupefacientes y que los contenedores no estaban debidamente controlados.