Un informe oficial reveló que “existen serias debilidades de control interno” en el Fondo de Garantía de Sustentabilidad que administra la ANSES. 

El hallazgo surge de una investigación de la Sindicatura General de la Nación (SIGEN), sobre la gestión de esa masa de recursos que hizo el Estado durante 2016.  

Según el texto, las falencias están relacionadas a la “registración contable y (la) documentación de respaldo de las inversiones realizadas a través del Fondo” (ver El dinero). 

Para la SIGEN, si a esto se suma el “insuficiente grado de integración a los procesos informáticos que se aplican en la ANSES”, el resultado es la “imposibilidad de conocer con certeza la disponibilidad de liquidez y el valor de la cartera de inversiones en una determinada fecha”.

Sobre lo informático, el organismo de control observó que “no cuentan con un inventario del software que soporta los procesos y que está instalado en el Fondo”, lo que “podría ocasionar la pérdida de información en caso de contingencias”.

En 2016, el FGS creció un 31,8% hasta alcanzar los $ 875.380 millones.

Justamente, la Sindicatura advirtió que la ANSES “carece de procedimientos de contingencia formalmente documentados y aprobados, que contemplen posibles eventos (amenazas) que pudieran afectar la continuidad de los servicios de procesamiento de información, situación que permite la falta de registro oportuno de las transacciones y de la accesibilidad a los datos, entre otros inconvenientes”. 

En pocas palabras, esto equivale a decir que no hay un protocolo de pasos a seguir en caso de hackeo de información. 

Para completar el cuadro, el informe añade que “tampoco hay procedimientos de back up de resguardos integrales de la información que se administra a través de los desarrollos en Excel, lo que no garantiza la seguridad de información correspondiente a las operaciones realizadas”.

 

 

El dinero

Por otra parte, la SIGEN señaló que en 2016 el Fondo registró una “evolución positiva” del 31,8% en relación al año anterior, con lo que se llegó a los $ 875.380 millones

Este incremento se logró, en mayor medida, gracias a inversiones en títulos públicos y plazos fijos. Además, se financiaron de proyectos productivos y de infraestructura. 

Tras analizar estos aspectos, el organismo de control apuntó que, como ya se dijo, aparecieron falencias en materia registración contable. Puntualmente, demoras en dejar asentados los movimientos realizados.  

Por ejemplo, “se verificó un retraso en contabilización de las comisiones abonadas a los bancos intervinientes en las operaciones”, lo que “impide el conocimiento a una fecha determinada de la situación patrimonial del Fondo”.

Además, “las operaciones a plazo fijo analizadas se registraron contablemente con una demora de entre dos y treinta y siete días corridos”. Esta situación “no permite conocer con certeza la valuación de la cartera del Fondo en un momento dado”, completaron los técnicos.

Hay demoras en el registro de plazos fijos y de comisiones pagadas a los bancos.

Al margen de todo esto, la SIGEN remarcó la “incertidumbre acerca del rendimiento obtenido por las inversiones” realizadas con dinero del Fondo; es que se descubrieron “colocaciones en el Banco Nación siempre a una tasa de interés constante e igual al 19% independientemente de la tasa de referencia publicada por el Banco Central”.

Con respecto a los proyectos financiados, el organismo de control repasó el caso de las centrales termoeléctricas Ensenada de Barragán y Brigadier López, y concluyó que las normas vigentes “no especifican el procedimiento a seguir en oportunidad de modificar contratos, situación que permite la actuación con discrecionalidad”. 

Asimismo, los técnicos notaron que la ejecución de obras viales en la provincia de Buenos Aires se hizo a pesar del “insuficiente respaldo documental en la tramitación del expediente de aprobación del proyecto”. 
Específicamente en la carpeta del emprendimiento no figuraba el informe de impacto socioeconómico de la obra que, por ley, debía estar aprobado por una universidad nacional. Y tampoco estaba el dictamen técnico de viabilidad económica, que tendría que ser emitido, justamente, por el Ministerio de Economía.