La nueva Secretaría de Energía, la cual ahora depende del Ministerio de Hacienda, contará con más fondos a pesar de haber bajado de rango, pasando de ministerio a secretaría. Según el proyecto de ley, el 86% de su presupuesto se corresponde a transferencias al sector privado para financiar gastos corrientes. Dicho de otro modo, la mayor parte de la plata se destinará al subsidio de empresas del sector privado.

En el mensaje de remisión del Ejecutivo al Congreso se estima una reducción del 1,6% en los subsidios a la energía, pasando de $ 205.220 millones en 2018 a $ 201.929 millones en 2019. Sin embargo, al comparar con los $ 107.921 millones estipulados en el mensaje de remisión de 2018, queda en evidencia la duplicación del gasto ejecutados versus el presupuestado.

Según el mensaje de remisión, el principal impacto de un desvío de 1% en la proyección de tipo de cambio operaría en el caso de los subsidios a la energía, en cuyos costos existe un elevado porcentaje denominado en moneda extranjera. El impacto final redundaría en una necesidad adicional de subsidios del orden del 0,03% del PBI ($ 5.700 millones). Por la devaluación de la moneda nacional, el presupuesto 2018 quedó escaso, obligando a la sobre ejecución de recursos por parte de la Secretaría de Energía para cubrir los compromisos asumidos con las empresas gasíferas asumidos en dólares.

La secretaría argumentó que buscará incrementar la oferta de hidrocarburos a través de incentivos a la exploración y explotación de yacimientos de petróleo crudo, gas y la producción de derivados, transporte y el desarrollo de combustibles alternativos, a través de programas de incentivos, tanto onshore como offshore.

También se mencionó la importancia de incentivar la inversión privada en petróleo y fomentar el incremento en la producción de gasoil y naftas, además de continuar con la promoción de inversiones en yacimientos de gas natural no convencional, a partir de programas de incentivos específicos, es decir, el desarrollo del yacimiento Vaca Muerta.

La preocupación que ahora tienen las organizaciones de la sociedad civil vinculadas con el resguardo del medio ambiente, es cómo va a afrontar el gobierno nacional los compromisos internacionales vinculados con el cambio climático (acuerdo con la ONU) y el acuerdo que tiene en el marco de los ODS y el desarrollo de la economía sin descuidar el ambiente.