Fortalezas y falencias del Ministerio de Mujeres, Género y Diversidad bonaerense

La búsqueda por reducir y eliminar las violencias contra las mujeres debe ser una política de Estado. Desde controlar los índices de femicidios y agresiones físicas hasta promover la disminución de la brecha de género en puestos de poder, los programas gubernamentales pueden incidir en los distintos niveles de desigualdad mejorando la calidad de vida de las ciudadanas.

En línea con esta premisa, el Honorable Tribunal de Cuentas de la Provincia de Buenos Aires (HTC) llevó adelante una auditoría impulsada por el Grupo de Trabajo sobre Igualdad de Género y No Discriminación (GTG) de la Organización Latinoamericana y del Caribe de Entidades Fiscalizadoras Superiores (OLACEFS). El ente bajo revisión fue el Ministerio de las Mujeres, Políticas de Género y Diversidad Sexual de la provincia de Buenos Aires, y el período analizado fue de enero de 2019 a diciembre de 2021.

La auditoría estableció tres ejes principales: eficacia de las políticas y acciones, eficiencia del uso de los recursos, y gestión y alcance de las respuestas brindadas por el Estado provincial durante la pandemia.

Uno de los primeros aspectos que destaca el HTC es el abordaje acotado y orientado principalmente a la atención de la violencia familiar que existía hasta 2019, que se contrasta luego, a partir de 2020, con el diseño e implementación de políticas “con una visión más integrada, haciendo foco en la promoción de la transversalización del enfoque de género, centrada en la prevención, abordaje y erradicación de las violencias atinentes”.

Esta reforma se debe a la creación, en el cambio de gestión, del Ministerio de las Mujeres, Políticas de Género y Diversidad Sexual (MMPGyDS), que absorbió todos los programas relacionados a su competencia.

Además, según el informe, se aumentó el presupuesto destinado a esta causa, lo que refleja “una decisión política de posicionar la problemática en la agenda pública ministerial y provincial”, que se sostuvo en 2021 y 2022.

Acuerdos sin formalizar y participación limitada

El primer eje de hallazgos desarrolla la eficacia de lo implementado durante el período en cuestión para abordar y eliminar la violencia hacia las mujeres.

Una de estas medidas fue la creación de las Mesas Locales Intersectoriales (MLI), que son espacios de diálogo entre instituciones municipales, provinciales y organizaciones territoriales, donde se definen y organizan los acuerdos que se llevarán a cabo.

Según el HTC, las mesas “no siempre respetan el grado de representación de las organizaciones civiles y estatales que establece la normativa”. Solo el 66% de los partidos bonaerenses forma parte, y cuatro organizaciones civiles entrevistadas afirmaron que su participación se encontraba “limitada”. 

Por otro lado, el informe detalla que la información que posee el MMPGyDS sobre las organizaciones que integran las MLI se encuentra “desactualizada, sin sistematizar y reviste poca precisión”.

El HTC recomendó estandarizar la recopilación de datos y fomentar un adecuado nivel de representatividad de las organizaciones en las mesas, para contribuir a la eficacia y eficiencia de este “valioso dispositivo”.

Además de participación limitada, entre los hallazgos se menciona la falta de formalización de los acuerdos que sí suceden entre el MMPGyDS y los organismos de la sociedad civil. Las organizaciones tampoco fueron contempladas como actores aportantes de información o de consulta para el Registro Único de Casos de Violencia de Género (RUCVG).

Existe una subrepresentación de las mujeres en los puestos jerárquicos y de toma de decisiones en la provincia de Buenos Aires.

También se registra la ausencia de mecanismos ágiles de intercambio de información, que permitan construir bases de datos o vincular registros existentes en la materia. Esta situación “atenta contra la eficacia y eficiencia de la participación de dichas organizaciones para colaborar de manera proactiva con el Estado en el abordaje de esta problemática”.

El mencionado registro (RUCVG) fue creado en 2014 y, si bien se evidencia una notable reactivación a partir de 2020, el informe define que “a casi nueve años desde su aprobación se encuentra parcialmente implementado, especialmente en lo que respecta a su uso por parte los actores territoriales”.

Por último, en el período analizado, el HTC concluye que las brechas de género en sus dimensiones física, económica y de toma de decisiones “continúan presentándose elevadas en el territorio provincial”. 

Con respecto a esto, el informe desarrolla que, si bien existe un decrecimiento en las tasas de femicidios, transfemicidios y travesticidios en la provincia de Buenos Aires, en el lapso 2019-2022, la misma permanece alta, ya que la medición establece que 1 mujer es asesinada por motivos de género cada 5 días.

En relación a la brecha de poder, la diferencia en la toma de decisiones (medida por la participación de las mujeres en los distintos niveles de los poderes del Estado) expone que en el territorio de la provincia de Buenos Aires existe una subrepresentación de las mujeres en puestos jerárquicos.

El informe advierte que se debe disponer de recursos económicos “suficientes y mantenidos en el tiempo” para que los avances que presenta la normativa provincial en materia de violencia de género no redunden “en letra muerta sin desarrollo práctico”.

Falencias de medición y registro

En segundo lugar, la auditoría buscó responder si el Programa Comunidades Sin Violencia (PCSV) había utilizado los recursos asignados de manera eficiente. Según lo revisado, la información de gestión de los proyectos ejecutados presenta diversidad de criterios de registración, de formatos y metodologías, lo que dificulta su procesamiento y análisis.

Durante el período analizado, no se aplicó ningún instrumento de gestión que consolide los datos recolectados de cada uno de los proyectos llevados a cabo, en pos de acceder a información integrada, completa y actualizada.

También se identificaron aspectos a mejorar en las instancias de monitoreo, medición y evaluación de indicadores de desempeño

Otro de los planes bajo auditoría fue “Acceso al trabajo para mujeres y LGTBI+ en proceso de salida de violencias por razones de género”, que busca garantizar la salida laboral de las mujeres y personas del colectivo LGTBI+ que sufren violencia.

Si bien recibieron capacitación laboral, muchas personas debieron abandonar el programa por dedicarse a tareas de cuidado.

Según el informe, a partir de la ejecución de los proyectos se logró capacitar en diferentes rubros a numerosas víctimas, pero se observaron dificultades en el sostenimiento de su formación, impidiendo que logren finalizar los talleres y cursos. Esto fue principalmente por motivos de disponibilidad de tiempo, cuidados de hijos/as y carga horaria de los cursos. Por este motivo, la auditoría recomienda la implementación de un espacio para el cuidado de las infancias con enfoque comunitario y socio-recreativo.

Con respecto a los resultados, si bien se constata la sensibilización lograda sobre la utilidad de los núcleos asociativos y cooperativas de trabajo como fuente laboral y puente para las salidas de las violencias, en la gran mayoría de los proyectos analizados, surge que “no se han podido conformar en el primer año su ejecución, tal como se había previsto en las metas definidas”.

Por último, en relación a los subsidios contemplados dentro de los programas, se observaron, a partir de 2021, demoras administrativas significativas en el pago, generando un desajuste temporal que provoca la pérdida de valor de los presupuestos y el consecuente incumplimiento de las metas.

También se detectó la falta de actualización de los presupuestos, que generó un desbalance entre objetivos a cumplir y recursos asignados, afectando negativamente a la ejecución y alcance de las metas proyectadas.

Pandemia y recomendaciones

Al analizar el período de pandemia, el HTC expuso que no pudo medir la eficacia de las acciones impulsadas por el gobierno bonaerense debido a “la falta de información de gestión de los resultados obtenidos” y “sumado a la inexistencia de un sistema de registración sistematizada de casos”. 

El equipo de auditoría no pudo acceder a la información relativa a la evaluación de los resultados de las medidas de acompañamiento instrumentadas en contexto de emergencia, más allá de los informes de gestión elaborados por el MMPGyDS, donde se describen en términos generales las intervenciones realizadas.

El informe concluye destacando el desarrollo normativo y de gestión nacional y provincial, que se encuentra “a la vanguardia de las intervenciones estatales latinoamericanas”.

Define también que la gestión analizada, centrada fundamentalmente en el “Programa Comunidades sin Violencia”, fue encarada a nivel provincial con la solvencia técnica adecuada para impulsar procesos de cambio y sensibilización, focalizando en los gobiernos locales como aliados necesarios para proyectar exitosamente las acciones en el primer nivel de atención.

Finalmente refuerza que los aspectos más relevantes a fortalecer tienen que ver con los sistemas de información y el registro de datos para la gestión, con la efectividad de los mecanismos de monitoreo, control y evaluación de los resultados obtenidos, y con la creación de conciencia y voluntad política en los municipios sobre la necesidad de que la atención de este fenómeno se realice con sostenibilidad, financiación y crecimiento.

Para conseguir esto, se debe construir sobre la importancia de la presencia estatal para trabajar en la eliminación de las violencias y  la mejora de la calidad de vida.