Entre enero y julio de 2015, el Estado nacional ejecutó $ 1.472 millones en iniciativas relacionadas con el cuidado del medio ambiente. El monto representa el 0,19% de los gastos totales de la Administración Central en el mismo lapso ($ 767.616 millones) o, dicho de otra manera, 19 centavos por cada 100 pesos devengados.

Dentro del presupuesto nacional, la función Ecología y Medio Ambiente dispone de una partida de $ 3.501 millones para todo el ejercicio, por lo que aquella performance de ejecución significa que se devengó el 42% de los fondos en un período -siete meses- que equivale al 58,3% del tiempo transcurrido en el año.

Si se proyectara este ritmo de gastos para los últimos cinco meses de 2015, el ejercicio cerraría con una ejecución de algo más de $ 2.500 millones, una cifra que no solo es menor al presupuesto global asignado a la mencionada función, sino que también está por debajo de todo lo que se devengó en 2014 por el mismo rubro ($ 2.849 millones, sin contar que el año pasado se registró una subejecución del 13,7% de la partida).

Cuatro elementos

La función Ecología y Medio Ambiente está conformada por cuatro ítems. En primer lugar, por importancia presupuestaria, aparece la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable, que dispone del 34% del total de fondos en cuestión. Según los números de 2015, esa proporción equivale a una partida de $ 1.204 millones, de la que se ejecutaron hasta julio unos $ 460 millones, apenas por encima del 38% en un lapso que, como ya se dijo, equivale al 58,3% del tiempo transcurrido.

Entre las actividades que funcionan puertas adentro de esta dependencia se destacan, por un lado, el Sistema Federal de Manejo del Fuego que, a contramano de los números descriptos, ya ejecutó el 76,1% de su presupuesto ($ 142 millones sobre un total disponible de $ 186 millones). No obstante, esto significa que la iniciativa encarará el final del año -y los primeros calores de la primavera y el verano- con menos de un cuarto de su partida.

En el otro extremo aparece el programa Planificación y Política Ambiental que, de un crédito de $ 445 millones, devengó en los primeros siete meses de 2015 algo más $ 55 millones, es decir, sólo el 12,5%.

El segundo lugar lo ocupa la Administración de Parques Nacionales que dispone del 25% del total de los fondos de la función, y que durante siete meses ejecutó el 39,8% de su partida, casi la misma proporción que la Secretaría de Ambiente. En pesos, fueron $ 353 millones sobre un total de $ 887 millones.

La particularidad de esta dependencia es que dos de sus iniciativas, que además parecen complementarias, muestran una marcada subejecución de sus fondos: se trata del Programa de Desarrollo de Corredores Turísticos, que devengó sólo el 10,3% de su partida, y el Programa de Áreas Protegidas y Conservación de Corredores, que movió el 13,4% de su presupuesto. En ambos casos se tratan de actividades financiadas por organismos internacionales, como el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF) respectivamente.

Y la perla es que el programa Conservación de la Biodiversidad, que dispone para todo el año de un presupuesto de $ 32 millones no ejecutó ni un solo centavo entre enero y julio.

Casi con la misma participación en el total de los fondos de la función Ecología y Medio Ambiente (cerca del 20%) aparecen las Obligaciones a Cargo del Tesoro y la Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo (ACUMAR), que merecerá un párrafo aparte más adelante.

En el caso de las Obligaciones se trata de partidas distribuidas en distintas entidades presupuestarias y cuenta con un crédito de $ 700 millones para 2015, de los que hasta julio ejecutó $ 583 millones, es decir, el 83,3%, muy por encima del promedio de la función analizada. Pero este desempeño no alcanzó a contagiar al ente destinado a sanear uno de los cursos de agua más contaminados del planeta.

El Riachuelo (otra vez)

Según el presupuesto 2015, la Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo dispone de una partida de $ 709 millones para todo el ejercicio. De ese total, la entidad ejecutó entre enero y julio unos $ 74,8 millones, es decir, el 10,5% de los fondos.

Las actividades de la ACUMAR están agrupadas en tres programas: el de Desarrollo Sustentable de la Cuenca, financiado por el BIRF, que devengó el 11,9% del dinero disponible ($ 65 millones de una partida de casi $ 550 millones); el Integral Matanza Riachuelo, que ejecutó el 6,4% de su crédito vigente (algo más de $ 9 millones sobre un total de $ 148 millones); y el de Gestión Ambiental, financiado por el BID que, durante los primeros siete meses del año no movió sus números. Es que, de un presupuesto de $ 11,5 millones, no ejecutó un solo centavo.

No es la primera vez que las iniciativas pensadas para sanear el Riachuelo muestran semejantes niveles de subejecución de partidas.

De hecho, este medio viene publicando desde hace varios años panoramas similares. Por ejemplo, en el lapso enero-noviembre de 2008 se subejecutó el 57% del presupuesto total de la ACUMAR, o sea que, de cada 100 pesos disponibles, se devengaron 43.

Al año siguiente la performance fue aún peor: el programa de Gestión Ambiental ejecutó entre enero y noviembre de 2009 apenas el 29% de sus fondos ($ 46 millones sobre $ 157 millones), mientras que el Integral Cuenca Matanza Riachuelo devengó el 40% de su partida ($ 35 millones de un total de $ 88,4 millones).

Ya en 2010, y tomando el lapso enero octubre, la ACUMAR había ejecutado $ 138 millones de un presupuesto disponible que ascendía a $ 412 millones, es decir el 34% de su crédito disponible en un lapso equivalente al 83,3% del tiempo transcurrido en el ejercicio.

En tanto que para 2011 la partida de la Autoridad de Cuenca totalizaba unos $ 739 millones, de los que se ejecutaron en todo el año casi $ 600 millones, el 83% en lo que fue, tal vez, el mejor desempeño registrado desde que la Corte Suprema de Justicia ordenó a la Nación, la Capital Federal y la Provincia de Buenos Aires sanear el Riachuelo.