Puede que el tema haya pasado casi desapercibido en medio de la pandemia del coronavirus, pero lo concreto es que la semana pasada se aprobó la ley que limita los regímenes jubilatorios de funcionarios del Poder Judicial y del servicio exterior de la Nación. 

En ese marco, un informe surgido del Parlamento reveló que, a partir de la aplicación de la norma, este año el Estado se va a ahorrar “de mínima” unos $ 4.320 millones.

El dato aparece en un relevamiento de la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC), que arribó a esa cifra luego de comparar la legislación anterior con los aumentos de las alícuotas de los aportes personales que establece la nueva ley (ver En pocas líneas). 

Esto, en definitiva, supondría solo este año un incremento en los ingresos estatales de $ 3.896 millones de parte de la caja de los judiciales y de $ 424 millones proveniente del régimen de los diplomáticos.

Ahora bien, ¿cuál es el impacto de estos cambios en el total del sistema previsional? Según la OPC, la ley alcanza a 7.678 personas, un universo comprendido por 6.983 jubilados del Poder Judicial y a 695 del servicio exterior.

A su vez, ese total representa el 0,11% de los 6.803.284 beneficiarios de haberes previsionales; o, dicho de otro modo, la norma beneficia a uno de cada mil jubilados

Y, si de dinero se trata, judiciales y diplomáticos percibieron juntos unos $ 2.145 millones en diciembre del año pasado, un monto que equivale al 1,43% del presupuesto mensual de jubilaciones que, en el mismo mes, ascendió a $ 149.325 millones. 

Matrioshka de porcentajes

Con respecto a los $ 4.320 millones de ahorro que proyecta la OPC para este año, la misma dependencia agregó que ese monto equivale al 32,6% del déficit acumulado de los dos regímenes en cuestión

Es decir que el dinero que percibirá -o que no desembolsará- el Estado gracias a la ley no cubre ni un tercio del rojo que las jubilaciones de judiciales y diplomáticos le generan al sistema global

Asimismo, según cifras de 2018, el déficit que provocan las cajas del Poder Judicial y del servicio exterior de la Nación representan el 2,5% de las pérdidas totales del llamado sistema previsional contributivo puro, que es aquel que cuenta solo los aportes de trabajadores y de la patronal, dejando afuera lo recaudado por impuestos.

Es decir que el ahorro que permite la ley no llega al tercio del 2,5% del rojo total del sistema previsional argentino. 

En pocas palabras

Para el régimen de magistrados y funcionarios judiciales, la ley aprobada la semana pasada aumenta la edad jubilatoria de los hombres de 60 a 65 años. Lo hará en forma gradual, de a un año por ejercicio, para llegar a su plena aplicación en 2025.

El haber corresponderá al 82%, pero no del último cargo, sino del promedio de los sueldos cobrados en los 10 años anteriores

Además, el aporte personal pasará del 12% al 18% de la remuneración imponible. Y, en el caso de las pensiones, la tasa de sustitución baja del 75% al 70% del ingreso, tomando como base el promedio de los salarios cobrados por el trabajador en los últimos cinco años.

En cuanto al régimen del servicio exterior, la tasa del beneficio baja del 85 al 82% y, al igual que en el caso de los judiciales, se hará sobre el promedio de los últimos 120 sueldos. 

El aporte personal sube siete puntos y también se ubica en el 18% de la remuneración imponible. 

La particularidad es que, a partir de la norma, se anula el doble cómputo de la prestación de servicios en lugares peligrosos, y se incorpora al Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) en forma obligatoria a todos los funcionarios del servicio exterior. 

Es que, por el lado de los judiciales, quedaron excluidos de la ley los cargos definidos como de apoyo o con menor responsabilidad, como asesores, auditores y peritos.