Publicado: 17-01-2012

Córdoba.- El ministro de Planificación Federal, Julio de Vido, señaló ayer que aquellas distribuidoras de energía, como Epec en Córdoba, que aumenten sus tarifas verán reducidas -en la misma proporción- el subsidio que hoy pudieran estar recibiendo del Estado nacional.

De Vido formuló declaraciones a la prensa luego de poner en marcha la turbina uno de la Central Térmica Ensenada de Barragán, ubicada en esa localidad bonaerense.

Tras sus declaraciones, que confirman lo comunicado en noviembre pasado por la empresa Cammesa (que gestiona el mercado eléctrico mayorista en el país) por carta documento a la Epec, se conoció un comunicado del Frente Cívico que advierte que "el nuevo apriete" del Gobierno nacional a la Provincia "perjudica de manera directa a los usuarios de energía eléctrica" de Córdoba, ya que ante el "ahogo financiero" del Estado provincial, no tendrán otra alternativa que trasladar el costo de la quita de subsidios a los usuarios, esto es a las cuentas de más de 900 mil titulares de medidores existentes en la provincia, a quienes se aumentará la boleta eléctrica "en un 56 por ciento".

Así lo confirmó Juan Pablo Quinteros, vocal del Frente Cívico ante el directorio del Ente Regulador de los Servicios Públicos (Ersep). En diálogo con este diario, Quinteros advirtió que la empresa provincial de energía "debe pagar este año vencimientos de deuda por más de 300 millones de pesos" por el bono comprado por la Anses, de 565 millones de dólares, que permitió financiar la construcción de la Central Bicentenario, ubicada en Pilar y que genera hoy más de 30 por ciento de la energía que consume Córdoba.

El nuevo cuadro tarifario de la Epec, que entró en vigencia el jueves pasado y que implicó un aumento de 15 por ciento en el precio de la energía, impactaría en los bolsillos de los usuarios en marzo próximo, fecha en la cual -se especula- Epec trasladaría la quita de subsidios que decidiría el Gobierno nacional en la misma proporción que el aumento. Ante esta situación, el Frente Cívico cordobés no descarta realizar una presentación judicial, aunque se espera que las negociaciones políticas entre Nación y Provincia permitan salvar el bolsillo de los usuarios cordobeses.