Durante el mes de septiembre, la Relatora Especial sobre el derecho a la alimentación de la Unión Europea, Hilal Elver, estuvo en Argentina y en diez días recorrió las provincias de Buenos Aires y de Chaco, alertando sobre el poco apoyo a la agricultura familiar, las consecuencias del modelo agroindustrial, la obesidad, el hambre y la falta de estadísticas sobre hábitos alimenticios.

“Venir a la Argentina en el medio de una crisis financiera fue un momento interesante. Los salarios quedaron reducidos al 50%, los precios de los alimentos están muy altos. Observar esta situación fue muy importante. Pudimos ver algunos rastros de la crisis, principalmente cuando visitamos el interior del país. En la provincia de Chaco fue más visible la pobreza, en el sector más vulnerable de la sociedad”, expresó Hilal Elver en un comunicado oficial.

El informe estará listo para marzo de 2019 y se presentará ante el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. En esta oportunidad, Elver se reunió con funcionarios del gobierno nacional, representantes provinciales y municipales, miembros de la comunidad Quom, agricultores familiares y diferentes representantes de organizaciones de la sociedad civil.

Antes de la presentación del informe final, la relatora realizó varias recomendaciones. “El apoyo a la agricultura familiar es de suma importancia para la seguridad alimentaria de Argentina. En segundo término, el impacto adverso de la agricultura industrial es muy visible, la deforestación, el uso de pesticidas. Recomendamos hacer una especie de balance entre la agricultura industrial y el sector de producción de alimentos”.

En nuestro país, la agricultura familiar representa casi el 80% de la actividad agrícola y produce la mitad de las frutas y verduras que se consumen. Por esta razón, la Relatora criticó la decisión del gobierno de “dejar de brindar apoyo económico a la agricultura familiar, dejando sin trabajo a casi 500 empleados y expertos del Ministerio de Agroindustria, como consecuencia de la crisis económica”. Asimismo, resaltó la necesidad de reglamentar la Ley Nº 27.118 de promoción de agricultura familiar, sancionada en 2014.

Por otro lado, la agricultura industrial centralizada en la región de la pampa húmeda, una de las 6 áreas más productivas del mundo, “está causando peligrosos índices de deforestación, cerca de 27 millones de hectáreas cada año. La utilización excesiva de agroquímicos contamina el agua, el suelo y están teniendo un efecto letal en la salud humana”, remarcó Elver. Es que 19 millones de hectáreas son utilizadas anualmente para sembrar soja, lo que representa el 56% de las áreas cultivables del país.

Alimentación

En cuanto al impacto económico directo de la crisis sobre el derecho a la alimentación, Elver observó que existe un incremento “en la cantidad de personas que concurren a comedores, que saltean comidas por falta de dinero y niños que concurren a la escuela porque es en el lugar donde pueden obtener un plato de comida”. Además, se refirió al Plan Nacional de Seguridad Alimentaria, donde la actual crisis tiene “un impacto negativo en la calidad de los alimentos que se les ofrece a los niños”.

La Auditoría General de la Nación evaluó este Plan Nacional en 2017 y encontró, entre otras cosas, invasión de ratas, carencia de agua corriente, frutas en mal estados, falta de baños, alto riesgo sanitario, carne en mal estado y lácteos sin refrigeración. “El 55% de los comedores funciona en casas de familias”, reza el informe. Tampoco la infraestructura es suficiente, ya que faltan cocinas, heladeras y freezers.

Argentina no cuenta con estadística oficial y actualizada sobre el hambre y la pobreza en los últimos 10 años. La última encuesta sobre alimentación y hábitos de nutrición fue en 2004-2005 y sobre sector agrícola, en 2002. Esta faltante de información “hace más problemático un correcto análisis de la situación relacionada al derecho a la alimentación”, aseveró Elver, quien no pudo realizar un examen de la desnutrición por falta de datos.

La funcionaria también mencionó el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, y recomendó tomar “todas las medidas necesarias para proteger las condiciones de vida de los grupos más vulnerables y de la clase media. Es obligación legal del gobierno garantizar el derecho a la alimentación en situaciones de crisis”.

La otra cara del hambre es la mala alimentación. En Argentina el 60% de la población sufre problemas de obesidad al consumir mayormente comida ultra procesada. En la actualidad el 40% de los niños y adolescentes y el 60% de los adultos tienen sobrepeso, y 7,3% de los niños menores de cinco años son obesos, el cual representa uno de los índices más elevados de obesidad infantil en América Latina.

Alertan por la situación alimentaria en Argentina

“En el país se deberán tomar decisiones importante para garantizarle a la gente el derecho a la alimentación, a la educación y a una vivienda digna. Porque los Derechos Humanos son individuales”, enfatizó Elver, quien expresó preocupación por la falta de aumento en las Asignaciones Universal por Hijo y de acceso en algunos sectores de áreas rurales y entre migrantes. El monto mensual por niño es de 1.684 pesos.

Soberanía alimentaria

Sobre el uso de semillas transgénicas, la Relatora recalcó la necesidad de crear “bancos de plantas a fin de mantener una diversidad genética de semillas y asegurar una distribución equitativa de los beneficios que surgen de la utilización de dichos recursos genéticos. Es importante proteger el intercambio entre productores, a fin de promover la soberanía alimentaria”. En el país más de 22 millones de hectáreas son destinadas al cultivo de soja, algodón y maíz con semillas genéticamente modificadas.

En esta misma línea, Elver habló de los plaguicidas y su uso indiscriminado. “En los últimos 25 años la aplicación de plaguicidas aumentó 10 veces su volumen, de 38 a 370 millones de kilogramos, con un incremento del área cultivada de un 50%, pasando de 20 a 30 millones de hectáreas”, recordando, además, su declaración en 2015 como sustancias “probablemente” cancerígenas por la Organización Mundial de la Salud. En relación a esto, destacó la investigación del Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) en el que se encontraron altos niveles de plaguicidas en la leche materna.