Un informe sobre la administración del Tribunal revela deficiencias en la administración de los recursos en 2011, año del último control. 
La Corte Suprema de Justicia viene ocupando espacios críticos en la opinión pública por los desaciertos en pronunciamientos muy sensibles en la memoria de los argentinos, como el fallo del 2x1 y también en casos donde la morosidad choca con las expectativas mediáticas. Pero, más allá de la administración de justicia, se conocen ahora desprolijidades en el manejo de los recursos presupuestarios. 

La Auditoría General de la Nación (AGN), ha dado a conocer los resultados del análisis efectuado sobre la utilización de los fondos ejecutados por el Tribunal en 2011, el último período auditado, puntualizando una serie de "deficiencias'' como inconsistencias contables, irregularidades en la ejecución de obras y, sobre todo, baja eficiencia en el uso del abultado presupuesto que maneja de acuerdo a las principales conclusiones. 

El documento señala la existencia de cuentas bancarias para gastos de funcionamiento sin control, falta de certificaciones de obras públicas y obras inconclusas, la vulnerabilidad del sistema de datos y liquidaciones de haberes de todo el personal, transferencias de remanentes de la Obra Social del Poder Judicial al área de administración y, en particular, una subejecución millonaria del dinero percibido por la Corte. 

Como dato curioso, se observa que en el año en que se focaliza el estudio el Tribunal recaudaba 1.500 millones de pesos, pero sólo ejecutaba 650 millones. El remanente iba a parar a plazos fijos cuyos movimientos y montos no se conocen con precisión, denuncia la AGN. No obstante tener actualmente 12.700 millones de pesos depositados en plazos fijos no es un delito pero si una falta grave en la asignación de recursos del Estado. 

Esto también tiene una lectura política, porque la diputada Elisa Carrió añadirá este informe a su pedido de juicio político contra el presidente de la Corte, Ricardo Lorenzetti. Afirma que es "lapidario'', porque revela que existen cuentas corrientes para gastos de funcionamiento de distintas áreas que no se exponen. Lo importante es que la AGN puede llegar a los números de la Justicia -a pesar de su autonomía financiera- gracias a un convenio bilateral que es muy positivo.