Publicado: 18-04-2010

La Oficina Anticorrupción (OA) presentó una denuncia penal contra Exequiel Espinosa, presidente de Enarsa. La acción se basa en una investigación de PERFIL, que reveló que el funcionario era empleado de la petrolera Oil M&S, del empresario K Cristóbal López, y que participó en licitaciones de la propia Enarsa.

La OA denunció a Espinosa -según fuentes judiciales- por "eventuales negociaciones incompatibles con la función pública" y por "posible omisión maliciosa de datos", porque no informó de ese vínculo laboral en sus declaraciones juradas.

La historia que jaquea a Espinosa empezó el 13 de enero de 2008, cuando PERFIL reveló que era empleado de Cristóbal López.

La investigación demostró que había trabajado para Oil M&S durante el año 2003 y que desde ese momento se mantuvo vinculado. También se detalló que a partir de mayo de 2007 -según planillas de ANSES- esa empresa le había pagado aportes patronales y al mismo tiempo se había presentado a dos licitaciones de Enarsa.

A raíz de la revelación, legisladores de la CC presentaron denuncias en la Fiscalía Nacional de Investigaciones Administrativas y en la Oficina Anticorrupción. Ese organismo abrió un expediente, investigó el caso durante dos años y recibió un descargo del propio Espinosa. Al final, tomó la decisión de denunciarlo por la posible omisión maliciosa de datos en las declaraciones juradas (artículo 268 del Código Penal) y la eventual concurrencia con la figura de negociaciones incompatibles con la función pública (artículo 265).

Con respecto a la omisión de datos, la OA concluyó que tanto el objeto social de Enarsa como el de Oil M&S son coincidentes y que eso podría fundamentar el interés de Espinosa en ocultar deliberadamente la información en la declaración jurada.

El escrito presentado a la Justicia también señala irregularidades que involucran a la firma Yacimientos Petrolíferos Fiscales (YPF), que realizó un pago de 340 mil pesos a Espinosa.

La denuncia se presentó el 12 de marzo y recayó en el juzgado federal de Claudio Bonadío. Si comprueban que existió el delito de omisión "maliciosa" de datos, el denunciado podría recibir hasta dos años de prisión e inhabilitación para ejercer cargos públicos.

El fiscal Gerardo Di Massi ya comenzó la instrucción judicial, solicitando informes a distintos organismos. Este diario se comunicó con voceros del funcionario, que señalaron que no iba a realizar ningún comentario.