Publicado: 06-09-09 
  
El Tribunal de Cuentas tiene a su cargo el control de la legalidad de las erogaciones del Estado. Con ese fin hace los "juicios de las cuentas públicas". Su poder de sanción se limita a multar a los funcionarios responsables de alguna irregularidad, pero también puede hacer que ellos paguen el monto en el que se ha perjudicado al Estado. 

Según Salvador Farruggia, presidente del organismo, el 70 por ciento de las multas son abonadas, pero en el caso de los "cargos", la mayoría son recurridos a la Suprema Corte.

Ahora, el Tribunal y la Fiscalía de Estado acordaron descontar del sueldo de los funcionarios el monto de las multas con que son sancionados. La intención es evitar demoras en los pagos y presionar más sobre los responsables de la gestión pública.

"La multa es efectiva como medida porque deja una mancha en los funcionarios y por eso todos quieren evitarlas. Eso se nota porque la gestión ha mejorado, lo notamos en los municipios. Lo que se pone en juego es el prestigio", aseguró Farruggia.

El funcionario, que ha visto pasar a todos los gobernadores desde el retorno de la democracia, asegura que ha trabajado sin condicionamientos. "Nunca he recibido ninguna presión de ningún tipo de parte de los distintos gobiernos", aseguró.