Río Grande.- El juez de Instrucción de Primera Nominación, de la ciudad de Ushuaia, Dr. Javier de Gamas Soler, dictó auto de procesamiento -sin prisión preventiva- a Ana María Danna (conocida como Mariela D´Anna) y Horacio Medone, por considerarlos -en principio- coautores materialmente responsables de la comisión del delito de peculado en perjuicio de la administración pública provincial, y dispuso además trabar embargo sobre los bienes de los nombrados, por la suma de 500 mil pesos a cada uno, para responder a eventuales reclamos de parte del Estado.

Esta causa penal fue iniciada el 22 de enero de 2008 a raíz de una denuncia presentada por los legisladores del bloque del ARI, en la que se solicitaba que se investiguen los pagos realizados con letras de Tesorería, el último día de la gestión de Hugo Cóccaro, a Fernando Ariel Arrébola, empresario informático de la ciudad de Río Grande.

De acuerdo con el informe realizado por la Auditoría General de la Nación, el viernes 14 de diciembre de 2007 la última orden de pago de compras mayores fue efectuada a nombre de Arrébola, quien, señaló en su declaración indagatoria que había prestado su talonario de facturas al entonces ministro de Obras Públicas, Horacio Sosa, quien a su vez se encontraba a cargo de la cartera de Economía.

En el marco de la investigación se pudo establecer que en aquella oportunidad, se habían emitido letras de Tesorería por un monto superior a un millón setecientos mil pesos a nombre del comerciante Arrébola, aunque éste habría reconocido ante el juez que solamente recibió 200 mil pesos, ya que el resto de las Letras fueron endosadas y entregadas a funcionarios y luego presentadas al cobro por diferentes personas que habrían comprado las mismas "a modo de inversión", a proveedores de obras públicas de la anterior gestión.

"El caso Arrébola no es un hecho aislado"

El secretario de Gobierno Rubén Bahntje, manifestó su satisfacción por el avance de la causa, y sostuvo su convencimiento de que el caso Arrébola no es un hecho aislado, sino que "es una muestra del grado de impunidad con el que se realizaban negocios ilegales en el Estado".

El funcionario consideró que "esta causa muestra la complicidad de funcionarios de la administración pública con empresarios que facilitaban estas maniobras delictivas", apuntando también a la facilidad con que se realizaban pagos sin pasar por los controles del Tribunal de Cuentas.

El secretario gubernamental explicó que "la Ley autorizaba a emitir hasta 70 millones de pesos en Letras, y aún así se emitieron casi 76 millones, de las cuales menos de la mitad fueron intervenidas por el Tribunal, demostrando la forma con que se trabajaba en esa gestión".

"El negocio era redondo, compraban las letras a un valor muy bajo y luego las cobraban en forma anticipada en el Banco de la Provincia con un descuento muy inferior al realizado cuando las compraron, por lo cual en unas pocas horas podían tener ganancias del orden del 50 por ciento", agregó.

A entender del Secretario, "también resulta llamativa la forma en que diversas empresas (incluso grupos inversores de Buenos Aires) contaban en su poder con Letras de diferentes proveedores", remarcando que "a uno le cuesta comprender cómo se ponían en contacto con estos tenedores de Letras, aunque evidentemente, alguien hacía de nexo entre estas personas", consideró.

Finalmente, Bahntje aseveró que "no tenemos dudas de que este tipo de denuncias molestan y mucho a quienes estaban acostumbrados a enriquecerse a costa de un Estado corrupto", pero advirtió que "las reglas de juego cambiaron y no todos las comparten, y entonces uno comienza a comprender el porqué de algunos conflictos".