Los trabajos del aliviador del Arroyo Cildáñez tardaron dos años y tres meses en ser adjudicados pese a que, por razones de urgencia, la ejecución se hizo mediante una contratación directa.

El 28 de marzo de 2001 el Estado rescindió el contrato con la firma que hasta entonces llevaba adelante el proyecto del desagüe pluvial. En la misma decisión, se autorizó a la Secretaría de Obras Públicas a hacer una contratación directa para agilizar los tiempos, apelando a las “razones de urgencia” que prevé el inciso “c” el artículo 9 de la Ley 13.064.

Sin embargo, la nueva apertura de las ofertas fue prevista recién para nueve meses y tres semanas después de la rescisión, el 20 de diciembre de 2001 (N del R: un día difícil para hacer trámites en el centro).

Con la crisis financiera, hubo que esperar siete meses más, hasta el 2 de julio de 2002, para el acto de apertura de ofertas. Durante ese lapso, la Auditoría General de la Nación (AGN) elaboró un informe sobre el contrato de obra pública “Desagües Pluviales del Acceso Norte s la Capital Federal y Avenida General Paz – Aliviador Cildáñez”, en el que recomendó a la Subsecretaría de Recursos Hídricos (SsRH) que dé “continuidad a la ejecución de las obras”.

Aquel 2 de julio, el acto se llevó a cabo sin que se revise el marco contractual, como lo habían pedido las empresas que adquirieron el pliego, y sobre la base de un “presupuesto oficial totalmente desactualizado”, dice el organismo de control.

Hubo que esperar casi un año más, hasta el 26 de junio de 2003, para que la obra fuera adjudicada. Fueron 820 días, un plazo que, según la AGN, “excede razonables pautas temporales para concretar el trámite de adjudicación de un contrato con encuadre normativo en razones de urgencia”.

El informe agrega que en el mientras tanto, se pudo haber hecho una nueva convocatoria “sobre la base de condiciones menos inciertas y un presupuesto adecuado a los valores reales del mercado”. Es que aquel 2 de julio de 2002 el presupuesto oficial era de $ 28.322.221, y de las tres empresas que adquirieron pliegos, dos de ellas no presentaron ofertas y la restante cotizó un importe de $ 84.297.056, es decir, un 198% de diferencia.

Esa brecha se achicó al 29% cuando la Subsecretaría de Recursos Hídricos reformuló el presupuesto oficial y lo llevó a $ 65.349.243. La AGN, en tanto, afirma que la actualización debió hacerse “en forma previa a la convocatoria”.

Tras un proceso de negociación, la SsRH y la empresa negociaron llegaron a un acuerdo: la firma descontaba el 11,11% de su oferta básica y recibía a cambio un anticipo financiero del 10% sobre el total del contrato. La Auditoría señala que el adelanto de fondos es una “excepción al principio general de la contabilidad pública y al régimen de certificación y pago previsto por la Ley Nacional de Obras Públicas”, y que no hay antecedentes de que ese anticipo haya sido autorizado por el Poder Ejecutivo.

El 28 de marzo de 2006, la SsRH firmó el Acta de Recepción Provisoria de la obra y certificó la terminación total de los trabajos. Hasta el 31 de diciembre de 2005, el aliviador del Arroyo Cildáñez costó $ 88.748.070.