En la obra social de los judiciales no se sabe cómo eligen a los proveedores de medicamentos
Para la Auditoría General de la Nación, fue imposible entender el criterio que se aplica en las contrataciones, porque no existen documentos donde queden asentadas esas decisiones, ni se justifica la necesidad de las compras de insumos. Varias áreas carecen de un archivo apropiado, por lo que “desaparece el único instrumento válido” para hacer controles.
Un informe de la Auditoría General de la Nación (AGN) señala que, “salvo excepciones, no es posible discernir el criterio aplicado para seleccionar a los proveedores” de insumos y medicamentos de la Obra Social del Poder Judicial de la Nación (OSPJN).
El organismo de control llegó a esa conclusión tras detectar que las adjudicaciones no quedan asentadas en ningún documento, o acto administrativo, y que los niveles de competencia, es decir, quién debe autorizar las contrataciones y hasta qué monto, “no están formalmente definidos”.
La Obra Social de los judiciales entrega insumos y medicamentos a sus afiliados, con subsidio total o parcial, mediante su farmacia y a través de centros privados adheridos. Según la propia OSPJN, la compra de mercadería surgiría del seguimiento y control de la demanda promedio frente a la capacidad de stock preexistente. Pero, más allá de los criterios para elegir proveedores, la Auditoría dice que no hay documentos donde se deje asentado el nivel de stock como una justificación de los pedidos. Asimismo, tampoco se recopilan papeles que argumenten la necesidad de comprar medicamentos que no están en stock.
Por otro lado, la AGN advierte que en varias áreas de la Obra Social el sistema de archivo y guarda de papeles, es inadecuado, “con lo que desaparece el único instrumento válido para hacer un control sobre la calidad de la gestión”, completa el informe, aprobado en mayo de este año.
