Por no tener una planificación anual de actividades, durante 2007 la Subsecretaría de Gestión Cultural de la Ciudad de Buenos Aires fue pidiendo aumentos en su presupuesto y terminó con una partida que superó en un 521% el dinero que tenía disponible al comienzo del ejercicio para el rubro “actividades comunes”.

Según un informe de la Auditoría General porteña (AGCBA), al inicio de 2007 la dependencia contaba con $ 500 mil para este ítem de su presupuesto, pero la cifra trepó hasta los $ 2.608.001. “La falta de una programación formalizada, que delinee objetivos con antelación al comienzo del año, hace que no sea posible medir la gestión de la Subsecretaría bajo análisis”, afirmó el organismo de control.

No obstante, la AGCBA concluyó que “las formas de contratación no fueron acordes con lo estipulado por los procedimientos administrativos”. Por ejemplo, en el Día de la Música, una actividad que se desarrolló en parques, plazas y estaciones de tren de la Ciudad, el 52% de los comprobantes analizados correspondieron a “actuaciones artísticas y de producción sobre las que no se realizaron contratos de locación de servicios, sino que fueron abonadas contra presentación de facturas”. Además, se detectó que en seis facturas aparece escrito que el cheque “se emita a nombre de una tercera persona” y, como no había contrato de por medio, “no se pudo establecer quién prestó el servicio”.

Por otra parte, la Auditoría examinó diez comprobantes de la exposición Midi Minuit, que se hizo en el Centro Cultural Recoleta entre noviembre y diciembre de 2007 y descubrió que, en dos casos, los presupuestos presentados no coincidían con la totalidad de los productos facturados; otro presupuesto que fue adjudicado a pesar de ser mayor que las ofertas de sus competidores; y el caso de una empresa adjudicataria que, si bien hizo la oferta más conveniente, el importe final que facturó fue distinto al presupuesto que había presentado.

En la Feria de Mataderos, en tanto, el informe señala que “no se cumple con la obligatoriedad de exhibir el precio de toda la mercadería que se vende”, y que los puestos no muestran los números que se les adjudica. Asimismo, en los permisos, la carga de datos de los artesanos es “incompleta”, los legajos no tienen toda la documentación personal -ni del vendedor ni de su suplente- y no se adjuntan las justificaciones de sus licencias. La AGCBA destacó que en las planillas de firma figuran artesanos que fueron dados de baja en 2007, pero no aparecen otros que estaban en actividad al momento de la investigación.

El organismo de control porteño completó su trabajo afirmando que la Subsecretaría de Gestión Cultural “no cuenta con métodos para establecer el número de asistentes a los distintos eventos organizados por el área”.