Un informe de la Auditoría General de la Ciudad de Buenos Aires (AGCBA) señala que varias dependencias porteñas registran “debilidades” en su tarea de sanear uno de los cursos de agua más contaminados del país, la Cuenca Matanza Riachuelo.

Pese a que en Capital Federal rige desde agosto de 2006 la Ley de Emergencia Ambiental (2057), y a que el año pasado la Corte Suprema de Justicia ordenó que la Nación, la Provincia de Buenos Aires y la Ciudad, actúen en conjunto sobre el Riachuelo, el organismo de control porteño afirma que hubo “dificultades para pasar de la etapa de planificación a una ejecución continua y permanente” de las acciones de recomposición ambiental.

Puntualmente, la AGCBA relevó la labor de los Ministerios de Salud y Desarrollo Urbano, el Instituto de la Vivienda (IVC) y la Agencia de Protección Ambiental en el período 2007-septiembre de 2008.

Sobre la cartera sanitaria, el informe sostiene que las “debilidades en el plan de salud” están relacionadas con la “discontinuidad de las contrataciones de los recursos humanos necesarios”, y la falta de actos administrativos (resoluciones), que impulsen acciones como la Guía de Relevamiento de Salud Ambiental, o la implementación de la Hoja de Ruta Pediátrica. Además, no hay una carga continua y homogénea en la base de datos del Ministerio.

Las obras que le corresponden al Ministerio de Desarrollo Urbano “presentan un alto nivel de atraso en su ejecución”, dice la Auditoría y explica que, en parte, mucho tuvo que ver la crisis de 2001, que interrumpió los trabajos. Hay dos proyectos en los que se detectaron “posibles riesgos”. Por un lado, la anterior gestión del Gobierno porteño había firmado un convenio con la empresa AySA, en el que se comprometía a aportar $ 1.000 millones para las obras de infraestructura de red pluvial. Sin embargo, según la AGCBA, “para la actual gestión el convenio no está vigente (porque) no fue homologado por la Legislatura”. Asimismo, “en 2008 no se tuvo conocimiento de que las obras se hubieran iniciado y tampoco se efectuó el desembolso correspondiente para ese año”, de $ 40 millones. Por otro lado, está la obra de drenaje de la Cuenca G y Z4, que se encontraba en etapa de renegociación al momento del informe. En principio, esa construcción iba a ser costeada por un préstamo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), pero en octubre del año pasado, la Ciudad informó que “ya no se realizarían con ese financiamiento”.

Según un convenio marco firmado con el Gobierno nacional, el IVC es el responsable de la relocalización de los vecinos del Riachuelo. Pero, en el sitio web de la Ciudad figura que esa tarea también le corresponde a la Corporación del Sur, una sociedad del Estado. No obstante, la AGCBA agrega que “el traspaso de las obras de Villas y asentamientos del IVC a la Corporación no fue aprobado por la Legislatura”.

Al margen de esto, al momento del informe de la Auditoría, de las 745 casas que se planeaban construir para la primera etapa de la relocalización, “sólo se habían contratado dos obras correspondientes a la construcción de 83 viviendas, lo que evidencia el bajo nivel de avance en esta acción concreta de máxima necesidad”.

Por su parte, los controles de la calidad del agua, que realiza la Agencia de Protección Ambiental, “solamente permiten identificar la contaminación a través de vertidos cloacales”, apunta la AGCBA y añade que no se tienen datos propios sobre el impacto que producen los metales pesados, que sí controla AySA. Si bien se trata de un ente autárquico, esta Agencia no tiene autonomía financiera, sino que depende de lo que reciba del Ministerio de Espacio Público para cumplir sus funciones, “lo que puede ser una limitante (en) la toma de decisión y ejecución de las tareas en tiempo y forma”, manifiesta el organismo de control.

La discontinuidad en la ejecución de las obras “puede poner en riesgo el cumplimiento efectivo de los distintos ejes de acción”, razona la Auditoría, y pone como ejemplo los trabajos del Plan Director de Protección Contra Inundaciones, que está vigente desde 1998, “que evidencian un notorio atraso”.

Con todo, “lo cierto es que existe una población afectada en un área geográfica definida, múltiples problemas con distinto nivel de incidencia uno sobre otro y una brecha muy grande entre el ser y el deber ser de la realidad, que varios actores involucrados en conjunto deberían transformar”, concluye el organismo de control.