Vínculos laborales “inestables y precarios”, y “predominio de contrataciones a corto plazo”. Estas fueron las observaciones que hizo la Auditoría General de la Ciudad de Buenos Aires (AGCBA) sobre la situación de los empleados de la Subsecretaría de Trabajo porteña, el área que justamente se encarga de controlar las relaciones entre trabajadores y empleadores en el ámbito de la Capital Federal.

El informe del organismo de control, aprobado este año sobre datos de 2007, señala que estas situaciones “podrían ser (una) de las causas que explican las fallas en la ejecución de las tareas” de la Subsecretaría, y añade que “debido a las numerosas bajas por renuncias, jubilaciones y los sucesivos cambios en la estructura, faltan recursos humanos” en la dependencia.

Pero la labor del ente auditado no es “ineficiente e ineficaz” únicamente por su gestión en materia de recursos humanos. La AGCBA también destacó otras falencias.

“La mayor parte de las inspecciones efectuadas devienen de una denuncia, sin que se establezcan (actuaciones) de oficio”, dice el informe, y agrega: “No existe hasta la fecha de la auditoría un Plan de Inspecciones Anuales, (y) no lo hubo en el pasado, lo cual imposibilita el control de la actividad y el adecuado uso de los recursos”.

El organismo de control afirma que el sistema de registro y archivo de documentación de la dependencia es “limitado”, teniendo en cuenta el caudal de información que maneja la Subsecretaría, y puntualiza que “si un funcionario toma una denuncia telefónica y no realiza el formulario manual en el momento, ninguna constancia queda de esa actuación”.

Para registrar las denuncias, el área de Trabajo usa un “libro que no cumple con ninguna formalidad ni reglas de procedimiento”, detalla la AGCBA. Hay dos maneras de formular una queja. En el caso de la modalidad telefónica, la Subsecretaría tiene un “único puesto de trabajo (escritorio y silla) con un sólo teléfono”. Allí, el encargado de tomar la actuación vuelca los datos a mano en un formulario que en realidad, según la Auditoría, es “un papel fotocopiado sin numeración o foliatura previa”. Por el lado de la modalidad presencial, más allá de usar el mismo formulario, lo que “llamó la atención del equipo de auditores” fue que ni el renglón del teléfono, ni el de la firma del denunciante son completados, sino que es el mismo empleado de la Subsecretaría quien hace una “rúbrica informal, sin sello ni aclaración”.

No obstante, sobre aquel “libro que no cumple con ninguna formalidad”, los empleados que estaban a cargo de completarlo dijeron “desconocer si existe alguna reglamentación que haya dispuesto su utilización”, y agregaron que hay varios renglones vacíos que, según los responsables del sector, estaban “reservados para ser completados con trabajo atrasado de la gestión anterior”. La Auditoría detectó que “existen todavía gran cantidad de actuaciones sin caratular de los años 2005, 2006 y 2007; la sub-área no genera estadísticas propias y dispone de muy poco personal”. Para completar el cuadro, el organismo de control detalló que en 2007 se registraron 20.395 denuncias de trabajadores.

¿Qué ocurre luego de que se deja asentada una queja? La AGCBA destacó la “inactividad” de la Subsecretaría en varios aspectos.

En primer lugar, se registra una “imposibilidad de localizar e identificar numerosas causas”. De hecho, de las 95 denuncias tomadas como muestra por la AGCBA, 35 no pudieron ser encontradas (36,84%). En segundo lugar, 13 expedientes no tuvieron ningún acto administrativo o “movimiento” luego de su paso por mesa de entradas.

Por otra parte, no se controlan los “plazos de adecuación” que imponen los inspectores, esto es, el tiempo que se otorga a un empleador que está en infracción, para regularizar esa situación. Además, se verificó que de todos los expedientes de la muestra, “sólo uno fue elevado como sumario, y los demás han quedado sin tramitación posterior”, explica el informe, y enumera que “el 67,7% de las actuaciones registraron inactividad de la administración, el 28% son ‘actuaciones con deficiencias’, y solamente el 4% corresponden a ‘actuaciones en trámite’”.

“La irregularidad en el tiempo con que se tramitan las actuaciones conlleva a una serie de nulidades y/o caducidades que producen un constante perjuicio fiscal” contra el Estado, porque “las horas trabajadas se tornan improductivas”, concluyó la Auditoría de la Ciudad.