Según un informe de la Auditoría General porteña (AGCBA), la gestión del Instituto de Vivienda de la Ciudad (IVC) durante la construcción de casas en las villas 1.11.14, 3 y el Barrio Zavaleta, fue “inefectiva, insuficiente e ineficiente”, y evidenció la “inexistente planificación ante una problemática grave”, como la del déficit habitacional que registra la Capital Federal.

El organismo de control relevó los trabajos realizados durante 2007 en los tres barrios y detectó “incumplimiento” en los plazos contractuales, una “altísima brecha” entre la oferta y la demanda de viviendas, y un “bajo resguardo de los recursos públicos utilizados”, tanto, que por las redeterminaciones de precios en los contratos, el metro cuadrado de las viviendas sociales terminó siendo más caro que el de las casas “lujosas y suntuosas”.

Barrio por barrio

La Villa 3 está en el sur de la Ciudad, entre la Avenida Acosta, Somellera, Lacarra y Janer. En 2007, justamente el período analizado por la AGCBA, un trabajo de la Sindicatura porteña indicó que en el asentamiento había 2.225 familias. Para esa misma época, el IVC informó que contaba con 1.176 viviendas “en distintos estados de ejecución”. Si bien la oferta representaba algo más del 50% de la demanda, las casas efectivamente terminadas eran 220, es decir, sólo el 9,98% de lo que se necesitaba en el barrio.

La construcción de esas 220 viviendas estuvo a cargo de cuatro empresas: Vidogar S.A., Teximco S.A., Vezzato S.A. y Raffo y Mazieres S.A., que tenían un plazo de 14 meses para entregar las unidades. Sin embargo, el informe de la Auditoría señala que tardaron entre 38 y 41 meses. Según las firmas, las ejecuciones se demoraron principalmente por la “falta de realización en término de las redes exteriores de infraestructura de servicios públicos y pavimentos”, unos trabajos que no estaban previstos en los contratos y que el IVC encomendó a terceros. La AGCBA resaltó que “la administración licitó las obras sin la inclusión en el proyecto definitivo de la debida conexión a los nexos de infraestructura (y) tampoco realizó en paralelo contrataciones a los fines de que, al finalizar (las casas) estas pudieran ser entregadas ‘con todos los servicios funcionando y llave en mano’”, como estipulaban los contratos.

El informe, aprobado este año, agrega que esta situación provocó la “paralización de obras de arquitectura, lo cual motivó altos niveles de atraso y reclamos de las empresas por ‘gastos improductivos’, que fueron reconocidos por el Instituto”. Así, a la inversión original estipulada para el emprendimiento, hubo que sumar $ 4.466.332,09.

Para graficar la “alta variación de los costos”, la AGCBA comparó el precio del metro cuadrado de las casas al principio y al final de las obras, y descubrió que las viviendas sociales registraban valores más altos que las casas “de categorías confortables, lujosas y suntuosas”.

Es que cuando empezaron los trabajos en la Villa 3, el metro cuadrado oscilaba entre los $ 1.740 y $ 1.815 según la empresa, pero los precios finales alcanzaron los $ 2.725 y $ 3.587. Y, por aquel entonces, el INDEC había publicado que el metro cuadrado de las viviendas lujosas y suntuosas valía entre $ 2.700 y $ 3.300.

La Villa 1.11.14, por su parte, también está ubicada en el sur porteño, entre la Avenida Perito Moreno, Varela, Club Daom, Riestra y de Vedia. La Sindicatura de la Ciudad apuntó que entre 1993 y 2007 la población del asentamiento aumentó un 308%, pasando de 2.452 a cerca de 10.000 familias, unos 40 mil vecinos. A su vez, el Instituto de la Vivienda disponía de 691 casas, un 6,91% de la demanda y, de ese total, estaban terminadas una 160 unidades. Por lo que las necesidades del barrio estaban cubiertas en un 1,6%.

El emprendimiento fue realizado por la empresa Bricons S.A., que se comprometía a entregar las casas en un lapso de 18 meses y el monto original del contrato ascendió a $ 5.492.492,74. Pero la duración real fue de 68 meses y, por las “sucesivas redeterminaciones de precios, adicionales y reconocimientos de gastos improductivos (ocasionados por intrusiones al predio, ocurridas en 2006)”, las obras costaron $ 20.928.664,91. Asimismo, el valor del metro cuadrado aumentó de $ 780 a $ 2.969,86 entre el principio y el final de los trabajos.

El Núcleo Habitacional Zavaleta está en el barrio de Barracas y se encuentra delimitado por las Avenidas Amancio Alcorta, Zavaleta, Iriarte y una calle sin nombre. El último censo fue realizado por el propio Instituto de la Vivienda en 2002 y determinó la existencia de 577 módulos con 746 familias y una población total de 2.814 personas: “Las condiciones habitacionales y de infraestructura reúnen la misma precariedad edilicia que una villa de emergencia”, añade la AGCBA.

El organismo de control evaluó la construcción de 276 viviendas que correspondieron a una licitación que se inició en 2001, con un concepto de “ambiente único o loft, con el núcleo sanitario totalmente terminado”. Pese a que la Procuración General de la Ciudad había advertido que el pliego de contratación tenía “deficiencias” y que “correspondía dejar sin efecto la preadjudicación”, las empresas Bricons S.A. y Vidogar S.A. comenzaron los trabajos en agosto de 2003 y la recepción provisoria fue en 2007.

La Auditoría puntualiza que el atraso en la finalización del proyecto se debió, otra vez, a “la no ejecución en tiempo y forma de la infraestructura del barrio (red de agua y cloacas)”.

En este caso, también hubo sucesivas redeterminaciones de precios, reconocimiento de gastos adicionales e improductivos y el contrato, que en principio era de $ 9.403.680,62, alcanzó la cifra final de $ 45.735.117,38. El metro cuadrado, en tanto, pasó de costar $ 774 a valer $ 3.766.

En los tres barrios, la AGCBA sostiene que no se cumplió con lo dispuesto en un decreto de necesidad y urgencia de 2003 que fue reglamentado el mismo año por otro decreto, el 2119. Según esas normas, para solicitar una redeterminación de precios, la contratista “no deberá registrar disminución en el ritmo de las obras ni otros incumplimientos de gravedad en las obligaciones asumidas”. Pero el organismo de control concluyó que este requisito “no fue expuesto” en los distintos pedidos de readecuación de valores que formularon las empresas. Y además, las actas que aprobaron las redeterminaciones de precios, no contenían las nuevas curvas de inversiones ni los correspondientes planes de trabajo.