Según la Auditoría General de la Ciudad de Buenos Aires (AGCBA), “la falta de inspección de las obras de mantenimiento de parques ejecutadas por terceros”, generó que en las plazas porteñas haya “trabajos con baja calidad en sus terminaciones, mobiliarios que no resisten la intemperie y rejas que no cumplen la función para las que fueron diseñadas”. Además, agrega que durante 2007, en la Dirección de Espacios Verdes hubo “fallas de organización, planificación, procedimientos de control interno y de gestión de la información”.

El organismo de control analizó el programa Espacios Verdes por Administración, que se encargó de las obras de refacción del total de los parques y las plazas de la Ciudad. Según un informe, aprobado este año sobre datos del 2007, la Dirección “no cumplió con varias responsabilidades primarias, como la remodelación y conservación de espacios verdes o la implementación de programas de mejoras en la infraestructura de servicios y equipamiento de parques y plazas”.

Además, durante el periodo analizado, la AGCBA detectó la “imprevisión (del programa) para licitar, adjudicar y contratar, sin hacer un relevamiento exhaustivo de las deficiencias del proyecto a ejecutar”. De esta forma, “se ampliaron los montos finales de dos contratos a terceros hasta el 48% y se ampliaron los plazos al doble de lo planificado”.

De la misma manera, la Auditoría señala que, desde el programa se licitó un sistema modular de rejas para 37 patios de juego, que “no cumplía con la normativa vigente del Gobierno de la Ciudad sobre la seguridad para patios de juegos”, lo que podría generar el “atrapamiento” de los dedos de los niños con las rejas.

El informe agrega que “esta situación provocó una modificación sustancial del contrato original, el proyecto y los montos finales para la provisión y colocación de rejas, pasando de $ 470.324 a $ 1.399.490”. Y que “la administración inició la nueva instalación de rejas sin presupuesto previo ni aprobación del mismo”.

Por otra parte, la AGCBA consideró que Dirección cometió un “error grave” al formular la “autorización del pago de $ 644.883 a la empresa PLANOBRA SA y no a SAMU SRL, que fue la que (finalmente) cobró la obra por la Plaza Rafael Hernández”.

En cuanto a la documentación, “tuvo una deficiente o nula respuesta al requerimiento (de la AGCBA) sobre las actuaciones por compras y contrataciones”. De los 29 expedientes de actuación que solicitó el organismo de control, sólo ocho fueron puestos a su disposición.

Detalle de casos auditados

Según la Auditoría, con respecto a las refacciones de la Plaza Unidad Latinoamericana, ubicada entre las calles Medrano, Costa Rica, El Salvador y Acuña de Figueroa, “se pagó el 100% de una obra sobre la cual no constan controles y no debió ser recibida por la mediocre calidad de su ejecución”. Incluso, en las plazas Hernández y Álzaga se llegó a autorizar el pago total del trabajo, antes de su terminación.

Al mismo tiempo, el informe señala que en Plaza Unidad Latinoamericana, “el mantenimiento no alcanzó para sostener el estado original del lugar”, las rejas y los bancos eran de mala calidad, “no se incorporó la mayoría de las especies de árboles” y “la iluminación resultó inadecuada, porque se proyecta desde gran altura sin considerar el crecimiento del futuro follaje”.

En la Plaza Houssay, entre Avenida Córdoba, Junin y Uriburu, se observaron “serias deficiencias constructivas”. Según el informe “no se logró resolver la seguridad y quedaron lugares sin vallar”. También se encontraron “barandas que no tienen terminación y estaban oxidadas, desniveles y puntas de escalones en los encuentros con las rampas”.

De la misma manera, la Auditoría descubrió que en la Plaza Almargo, ubicada entre las calles Perón, Sarmiento, Bulnes y Salguero, “las barandas presentaban prolongadas longitudes sin salvar por parantes verticales, estaban vencidas y dobladas por el peso de las personas al apoyarse”.

En la Plaza Vicente López, una de las fallas más significativas que detectó la AGCBA fue la colocación de “rejas que permanecen cerradas las 24 horas” y representan “una clara exclusión para el uso del espacio público”.

Por último la Auditoría General de la Cuidad de Buenos Aires, asegura que “en todas las actuaciones relevadas no hubo constancia de inspección ni control de obras”, y que el programa “carece de documentación técnica que respalde el desarrollo de las refacciones”.