Un informe de la Auditoría General de la Nación (AGN) dice que el sistema de control de un préstamo de U$S 290 millones, destinado a un programa educativo, fue suprimido en su totalidad y que el Ministerio de Educación “no estableció procedimientos alternativos” para fiscalizar el manejo del proyecto.

El crédito en cuestión proviene del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y forma parte del financiamiento del programa “mejoramiento de la calidad y equidad de la educación”, que se lleva adelante desde finales de 2003.

La AGN señala que “todos los componentes (del programa) han visto reducido su financiamiento (del) BID”, y puntualiza que “se suprimió totalmente” el componente que incluía el sistema de seguimiento y monitoreo de la iniciativa, previsto en U$S 6,9 millones. Es decir, con el recorte se decidió eliminar el control sobre la ejecución del plan, que representaba el 2,37% del total del dinero enviado desde el organismo internacional de créditos.

El convenio con el BID data de noviembre de 2003. Tras algunas modificaciones, el programa de mejoramiento educativo quedó a cargo del Ministerio de Educación desde junio de 2004. Se trata de una iniciativa que, en mayor medida, se orienta a asignar becas entre los alumnos que están en riesgo de abandonar la escuela. De hecho, el subcomponente “apoyo a la equidad” –las becas-, se lleva “prácticamente la totalidad de los recursos”, afirma la Auditoría, U$S 220,7 millones sobre un total U$S 290 millones, el 76,1%.

La AGN relata que para “estimular la permanencia, promoción y egreso de la escolarización obligatoria”, el programa de mejoramiento preveía asignar 350 mil becas anuales de entre $ 400 y $ 600 por alumno, aunque el número de beneficiarios aumentó luego a 500 mil chicos.

No obstante, “el cumplimiento de esta línea de acción alcanzó al 70% debido a la complejidad en su implementación”, sostiene el informe, y añade que la cartera educativa “no cuenta con sistemas, documentos, criterios o procedimientos idóneos para realizar un seguimiento eficiente de la gestión y monitorear su eficacia”.

Como ejemplo, los auditores destacan que “no fue implementado el módulo específicamente programado” para controlar la asignación de las becas, y que “la fuente de información de los indicadores consistía en un sistema ad hoc que no fue desarrollado por los consultores”. Asimismo, en la ejecución del proyecto se usa una “línea de base” que sirve para determinar la situación socioeducativa del alumno al inicio del plan, pero el organismo de control detectó que esa línea fue confeccionada “con dos años de demora”.

El informe explica que las distintas jurisdicciones escolares, únicas proveedoras de información en el armado de las bases de datos de las becas, registran “disímiles” características en cuanto a capacidad instalada, materiales y recursos humanos para lograr una gestión eficiente.

Por otro lado, la AGN concluyo que las metas globales de programa de mejoramiento educativo “no fueron determinadas cuantitativamente”. Es que, entre los objetivos del plan figuran “disminución en un XX% (SIC) de la tasa de repitencia; aumento en un XX% (SIC) de la tasa de retención y promoción; y aumento en un XX% (SIC) de la tasa neta de escolarización”. Ante este panorama, la Auditoría preguntó al Ministerio si los porcentajes fueron precisados y aprobados, pero la respuesta de la Cartera fue negativa.

La ejecución del programa debía terminar a fines del año pasado. Sin embargo, el organismo de control apuntó que el cronograma original no fue cumplido, y que se debió solicitar una prórroga de seis meses: “Como consecuencia de ese incumplimiento, se pagaron comisiones de compromiso excedentes del 19,8%”, informa la AGN. En dinero, hubo que desembolsar U$S 404.265,12 más sobre los U$S 2.046.409 previstos. El informe observó que estas comisiones de compromiso excedentes representan un “incremento sobre el endeudamiento público y es un indicio de ineficacia en la gestión”.