Entre 1996 y 2009, la Auditoría General de la Nación (AGN) hizo nueve informes financieros sobre los estados contables de la Empresa Ferrocarril General Belgrano S.A. (EFGBSA), y en todos los casos debió arribar a la misma conclusión: la abstención de opinión. Es que por la incertidumbre que generaron “varias cuestiones” detectadas durante las investigaciones, el organismo de control no pudo valorar la razonabilidad de los balances que registró la concesionaria mientras explotó el servicio, hasta 2008.

Los últimos cuatro informes, aprobados entre 2006 y 2009, coinciden en que la empresa no tenía inventarios físicos actualizados, ni hizo un recuento de los bienes que el Estado le transfirió al momento de la privatización, en 1993. Además, cuando el servicio pasó de ser Ferrocarriles Argentinos a EFGBSA tampoco se realizó un “balance de transferencia”.

La AGN también destacó la falta de documentación que demuestre si la concesionaria emprendió gestiones para recuperar activos y cancelar pasivos. Ese dato, sumado a “los atrasos e inconsistencias en la información suministrada” por EFGBSA, llevó al organismo de control a señalar el “bajo grado de confiabilidad en los sistemas y circuitos administrativos contables”.

Las auditorías también hablan de “falencias de larga data que reflejan la falta de normas y procedimientos que aseguren la confiabilidad de la información” asentada, por ejemplo, en los registros contables auxiliares, que no coincidían con los saldos expuestos en los estados contables presentados por la empresa, “y no se efectuaron las respectivas conciliaciones”, añaden las investigaciones.

Asimismo, durante la gestión privada la empresa no realizó los análisis necesarios para “determinar la recuperabilidad de las sumas registradas en los estados contables” en materia de créditos. Por otra parte, la documentación que respaldaba el saldo de la previsión para juicios “carecía de información analítica suficiente” que establezca la integridad de la cartera litigiosa y tampoco servía para determinar cuánto dinero debía destinarse a las demandas, que se computaban sin la respectiva actualización.
 
El tren fue cedido a la empresa por un decreto en 1993. Seis años más tarde, el Estado entregó la explotación del servicio de cargas, justamente, a Belgrano Cargas S.A. por un período de 30 años, prorrogable por una década más. En 2000, EFGBSA fue intervenida, en principio por tres meses, para hacer el relevamiento de activos, el inventario de bienes y liquidar la firma. Pero, un año después, la liquidación fue suspendida, se prorrogó la intervención y se le asignó a la concesionaria un nuevo emprendimiento: reabrir los Talleres de Tafí Viejo, en Tucumán.
 
Más allá de que durante todo este proceso no se realizaron los relevamientos de activos ni los inventarios valorizados, la Auditoría planteó “incertidumbres” sobre los desembolsos de dinero hechos para el proyecto tucumano contabilizados en el balance de entonces. Se trata de $ 1.263.817,9 en el rubro “intangibles”, y $ 2.079.352,52 en “créditos”.

Además, entre 2005 y 2007, el EFGBSA absorbió cerca de 1.200 trabajadores que fueron transferidos desde las líneas Roca y Belgrano Sur.

La Auditoría aprobó el último trabajo sobre la empresa el 7 de julio de este año, en el que analizó al estado contable registrado hasta el 31 de diciembre de 2006. Para ese entonces, EFGBSA se había quedado sin capacidad económica y financiera propia, porque desde el final de su operación, en 1999, dependía de los aportes del Tesoro Nacional para el pago de sueldos y no hubo erogaciones para bienes de inversión.

En números, al 31 de diciembre de 2006, el Belgrano presentaba pérdidas acumuladas por $ 1.013.078.290,20, y un patrimonio neto de $ 802.147.710,03. Así, la firma estaba comprendida en la causal de reducción obligatoria de capital, tal como lo establece la Ley de Sociedades Comerciales, 19.550.

En 2008, y también por decreto, se inició el proceso de terminación del contrato de concesión con la empresa y se instruyó al Ministerio de Planificación Federal a que asigne a dos Sociedades del Estado, Infraestructura Ferroviaria y Operadora Ferroviaria, la administración de los bienes necesarios para la prestación del servicio. Desde entonces, no se realizaron auditorías sobre los estados contables de la línea.