La Dirección General Administrativa de Infracciones de la Ciudad (DGAI), no tiene un sistema que permita comprobar la cantidad de multas manuales o fotográficas que se generan. Así lo señala un informe de la Auditoría General porteña (AGCBA), que, además, agrega que el área que depende del Ministerio de Justicia y Seguridad, “no cita en forma fehacientemente a los infractores” por el sistema de pago voluntario.
 
Según la información recogida por el organismo de control “el total de las actas ingresadas es de 5.126.498”, mientras que “los informes de ejecución trimestral reúnen  5.084.114 actas”, y la cuenta de inversión da una tercera cifra, 3.444.686. Así, la Auditoría determinó que “no existe un sistema que permita comprobar fehacientemente cuántas actas son labradas por año”.

El informe de la AGCBA, elaborado sobre datos de 2007 y aprobado este año, mantiene similitud con la última auditoria efectuada en la DGAI en 2006, donde revelaba que “no se efectúan citaciones en todos los casos” donde se detecta una violación a las normas de tránsito, y que había “falta de coincidencia en los montos de la recaudación por multas entre la Contaduría General y la DGAI”.

Dentro del proceso de administración de infracciones se observaron “servicios informáticos dispersos”, que traen como consecuencia “diferencias entre los registros” elaborados por las entidades recaudadoras. El organismo de control considera que esto “se debe a la cantidad de áreas que intervienen en el proceso”, en referencia a la DGAI, el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, la Tesorería General, la Contaduría General y todas las entidades autorizadas al cobro de multas. 

Una vez reunidos los registros de los organismos involucrados en el cobro de las multas, la AGCBA advirtió que hubo una “falta de coincidencia de los ingresos percibidos” sobre un mismo concepto. En este sentido, descubrió que la Tesorería General de la Ciudad, recaudadora del dinero por multas, recibió $ 28.647.789 por infracciones abonadas a través del sistema de pago voluntario, en tanto que para la DGAI se recaudaron $ 29.037.080.

Al respecto, el organismo de control determinó que “no existe un registro único y detallado en el ámbito del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires que permita evaluar la política implementada” por el área dependiente del Ministerio de Justicia y Seguridad. 

La Auditoría volvió a detectar que la Dirección no informa sobre las multas labradas a los infractores para que puedan pagarlas. El informe aclara que “la DGAI no cita en forma fehaciente” y que, “de las 1.097.832 actas abonadas por pago voluntario, sólo 764.877” fueron llamadas a pagar. El trabajo, a su vez, indica que la “obligatoriedad” de las citaciones figura en un contrato vigente dentro de los servicios brindados por la Universidad Tecnológica Nacional (UTN).

En cuanto al servicio de atención al público, se registraron demoras generadas por “fallas permanentes” en los sistemas informáticos y la falta de “actualización de los padrones” que contienen información sobre la titularidad de los vehículos.

Sin embargo, frente a esta situación, una encuesta de satisfacción realizada por la Auditoría entre las personas que concurrieron a pagar las multas, reveló que al “60 % de los consultados”, el tiempo de espera les había parecido “corto o breve”, mientras “el 21 % lo percibió como una duración adecuada”.

No obstante, para la AGCBA el edificio donde se encuentra la Dirección, que atiende a 1300 personas diariamente, “no cuenta con un espacio, ni sanitarios suficientes” y de los cuatro ascensores, “generalmente hay dos que no funcionan”.