Involucran en irregularidades a otras siete obras sociales
Duros cuestionamientos de la Auditoría General de la Nación (AGN) a varios organismos de salud de los sindicatos.
La causa por la adulteración de medicamentos y la defraudación al Estado toma un nuevo impulso. El superintendente de Servicios de Salud Ricardo Bellagio y la ex ministra de Salud Graciela Ocaña afirmaron que hay otras siete obras sociales involucradas.
El juez federal que investiga la causa, Norberto Oyarbide, recibió un informe de la Auditoría General de la Nación (AGN) en la que constan algunas irregularidades en el manejo de subsidios y reintegros que hace a las obras sociales sindicales la Administración de Programas Especiales (APE), para el pago de tratamientos de alta complejidad. La APE depende del Ministerio de Salud.
La resolución 73 de la AGN a la que tuvo acceso El Tribuno cuestiona a la Obra Social del Personal Judicial de la Nación, gremio que conduce el kirchnerista Julio Piumato. El presidente de la obra social es Aldo Juan Tonon.
"Los pedidos (para la farmacia de la obra social) periódicamente efectuados a los proveedores no responden a procedimientos homogéneos de selección y contratación susceptibles de ser evaluados y controlados, en cuanto a su razonabilidad técnica, legal y económica", reza el informe de la AGN.
"No existe o no se recopila documentación en orden a justificar la necesidad de las compras de medicamentos o insumos que no se mantienen en stock", agrega el informe de la auditoría y que fue girado al despacho de Oyarbide.
"Salvo excepciones, no es posible discernir respecto al criterio aplicado en la selección del proveedor".
La AGN detectó otras series de irregularidades en la documentación del pago a prestadores sobre más de 80 expedientes. El organismo de control procesó los datos entre el 1 de octubre de 2007 y el 15 de abril de 2008, aunque recién se dio a conocer el 20 de mayo último.
"Se advierte una multiplicidad de tareas inherentes al traspaso de información de un lugar a otro que por su nivel rudimentario incrementan los riesgos de control operativo", concluyó la auditoría.