Cuando la Auditoría General de la Ciudad de Buenos Aires (AGCBA) quiso evaluar cómo son administrados los recursos humanos en la Dirección de Control y Fiscalización porteña, se encontró con que esa dependencia no podía determinar cuántos empleados tenía.

Es que dos informes elaborados por la propia Dirección no coincidían en la cantidad de personal registrada a diciembre de 2007: mientras en uno contaron 474, para el otro eran 446. Ante ese panorama, la AGCBA decidió pedirle al área de recursos humanos del Ministerio de Hacienda el listado de liquidaciones de haberes de ese mes. Pero, según esa nómina, los trabajadores de Fiscalización eran 507. Así, con esas tres cifras, la Auditoría porteña debió tomar los datos de noviembre de 2007 (458 empleados) para poder hacer su evaluación.

Además de este “desconocimiento cuanti/cualitativo de los recursos humanos existentes en la repartición”, los auditores destacaron la “inexistencia de un plan anual de capacitación” para los trabajadores. Esa conclusión se dio pese a que la Dirección de Fiscalización había informado que en 2007 realizó ocho cursos. Es que la AGCBA pidió datos, como la duración de las cursadas, cantidad de concurrentes y egresados, y recibió “únicamente una nómina de participantes del curso ‘instalaciones internas de gas natural’, (y) el resto de la información no pudo recuperarse por la pérdida del disco de la computadora que se utiliza en el área de capacitación”. Para la Auditoría, la “omisión” de un plan de capacitación “repercute sensiblemente en la especialización” de una plantilla con “escasa antigüedad”: de los 458 agentes, el 97,1% ingresó a partir de 2004 (445).

Las dudas sobre cuántos empleados tenía la Dirección también aparecieron al momento de querer determinar cómo trabajaban. Fiscalización informó que entre agosto y septiembre –siempre de 2007-, realizó la “evaluación de desempeño anual de todo el personal, 354 (agentes) de todos los niveles”. Al margen de esta cuarta cifra, distinta de todas las anteriores, la AGCBA observó que ninguna evaluación estaba firmada por los evaluados, no tenían participación sindical –como lo establece la normativa vigente-, y los resultados de los test no están incorporados a los legajos de los trabajadores.

Por otra parte, la política de incentivos al personal es “insuficiente”. Durante el período de trabajo de la Auditoría, aprobado este año sobre datos de 2007, sólo el 27% de la planta (124 inspectores) percibió un incentivo “en forma aislada”, mediante la readecuación de sus contratos. Asimismo, ninguno de los 237 inspectores de la Dirección cobran viáticos para trasladarse a los distintos objetivos que deben controlar en la Ciudad. Más allá de eso, el informe sostiene que la dotación de inspectores “resulta insuficiente en comparación al padrón de establecimientos habilitados que deben ser fiscalizados”. Control y Fiscalización es una dependencia que actualmente funciona bajo la órbita de la Agencia Gubernamental de Control –Ministerio de Justicia y Seguridad-, y se encarga de evaluar las condiciones de funcionamiento, seguridad y salubridad de todo tipo de establecimientos, espectáculos públicos, venta de alimentos en la calle; también controla permisos y dispone clausuras.

La AGCBA añade que “el organismo auditado no cuenta con un sistema confiable” para registrar las horas extras que posibiliten el goce de un franco compensatorio.

Para completar el cuadro, en el espacio físico de trabajo se observaron “expedientes amontonados en el suelo, cables expuestos en diversos sectores de la repartición, falta de artefactos de luz en un baño”, y escaso personal de mantenimiento.