Por la incertidumbre que generaron varios indicadores, los informes que elaboró la Auditoría General de la Nación (AGN) entre 1994 y 2005 sobre los estados contables del PAMI tuvieron el mismo resultado, la “abstención de opinión”.

Se trata de doce trabajos en los que el equipo de auditores no pudo determinar si las cifras del Instituto eran razonables desde lo económico-financiero.

La mayoría de las observaciones que señaló la AGN se repiten, por lo menos, desde el informe sobre los estados contables de 2000, hasta el último trabajo, que fue aprobado y publicado el año pasado, y analizó el ejercicio 2005.

Entre esas incertidumbres, la Auditoría destaca que el padrón de afiliados del PAMI es un “instrumento poco confiable” para analizar cómo se liquidan los gastos de atención médica capitada y las retenciones que van a las obras sociales, unas operaciones que entre 2000 y 2005 alcanzaron en promedio unos $ 950 millones por año. Y es que, pese a que en los últimos años el Instituto había encarado la depuración de su padrón, la AGN encontró “fallecimientos no registrados, inscripciones duplicadas y fechas de nacimientos inexactas”.

Los distintos trabajos del organismo de control también sostienen que el PAMI no tiene normas ni procedimientos que le permita cumplir con la fiscalización, en los entes que correspondan, del monto recaudado en concepto de aportes y contribuciones que conforman su patrimonio, ni tampoco la forma en que ese dinero le es transferido al Instituto.

Por otra parte, el PAMI registra pasivos que van desde $ 370 millones en 2000 hasta $ 1.700 millones en 2005. Pero la Auditoría no pudo evaluar la razonabilidad de los saldos informados, por la “existencia de integraciones parciales, la falta de conciliaciones y las debilidades de control interno”.

Asimismo, la AGN añadió que la cuenta de créditos otorgados por el PAMI en concepto de prestaciones a recuperar “carece de integración o inventario”. En este caso, los montos informados fueron de aproximadamente $ 92,6 millones en 2000 y de $ 228 millones en 2005, y representan en promedio un 15% del activo del organismo.

Otra irregularidad en la que coinciden los trabajos de la Auditoría, es que varias delegaciones regionales no entregan sus balances con la “respectiva documentación respaldatoria”.

En el PAMI tampoco hay “normativas regulatorias”, ni “controles integrales” para saber si los prestadores médico asistenciales cumplen con sus obligaciones contractuales.

Además, la Auditoría manifestó que “coexisten sistemas informatizados, enlatados y manuales” donde se asientan los datos de, por ejemplo, remuneraciones, prestaciones médicas y afiliaciones, y “descalifican el ambiente de control existente”.

A su vez, los trabajos afirmaron que para paliar distintas falencias administrativo contables, hubo “constantes cambios en el personal ejecutivo” del PAMI, y que estos movimientos “conspiraron contra la formalización de políticas definidas y (sólo) produjeron soluciones coyunturales, manteniendo indemne los vicios estructurales”.

En todos los informes, los auditores concluyen que por “el efecto muy significativo que representan las limitaciones al alcance (de los análisis), no estamos en condiciones de emitir opinión sobre los estados contables” del PAMI.