Aunque parezca un juego de palabras, la Auditoría General de la Nación (AGN) dice que “el Ministerio Planificación Federal no cuenta con una planificación estratégica” para las obras públicas que deben realizarse a mediano y largo plazo en el territorio nacional.

El organismo de control, que aprobó su informe este año a partir de datos del período 2004-2006, describió que las áreas que conforman la cartera “no planifican” sus acciones en conjunto y que, además, tampoco hay manuales que indiquen los procedimientos a seguir, ni las prioridades a tener en cuenta al momento de elaborar, seleccionar, contratar y ejecutar los emprendimientos.

La cartera lleva adelante proyectos de obra pública por sí misma, por transferencias a las distintas jurisdicciones, o bien mediante fondos fiduciarios. Pero el equipo de la Auditoría no pudo encontrar instructivos que establezcan los pasos que deben cumplirse para realizar los trabajos financiados a través de transferencias.

Estas entregas de fondos, que las jurisdicciones usan para gastos de capital, fueron creciendo en los últimos ejercicios. Según el informe, en 2004 la partida alcanzó $ 1.771 millones, un año más tarde fue de $ 4.367 millones, y en 2006 trepó hasta los $ 7.093 millones. Al mismo tiempo, pero de forma inversamente proporcional, cayó la definición de la producción de los recursos, es decir, para qué se iban a usar: en 2004, casi el 100% del dinero tenía obras ya definidas; para 2005 los objetivos fijados bajaron al 72%, y al año siguiente las metas eran de sólo el 63%.

Por otro lado, entre 2005 y 2006, el Ministerio de Planificación registró un incremento de sus presupuestos que, para el organismo de control, “no obedecen a prioridades institucionales establecidas para el mediano o largo plazo". Puntualmente, el aumento aprobado por la Jefatura de Gabinete en 2005 fue de 31,8% del total -unos $ 1.686 millones-, mientras que en 2006 llegó al 57,1%, algo más de $ 4.215 millones. “No fue posible analizar la forma en que se insertan las necesidades que generaron la solicitud” de los aumentos, porque la cartera “no aportó una estrategia que interrelacione las acciones llevadas adelante por cada una de sus áreas”, explicó la AGN.

Puertas adentro de Planificación, la Auditoría observó que “la Secretaría de Obras Públicas no tiene criterios para desarrollar un plan estratégico que refleje las necesidades ciertas de la población”. Por no contar con una planificación, la Secretaría de Energía limita su accionar, por un lado, a la firma de convenios con las jurisdicciones que, en definitiva, deberán impulsar las obras y, por el otro, en financiar planes que se enmarcan en la política energética del Poder Ejecutivo.

Del informe de la AGN, se desprende que no fue posible determinar si la Secretaría de Minería tiene un plan estratégico que guíe su accionar habitual y, pese a que el coordinador de Administración y Finanzas del Subprograma Gestión Ambiental Minera había respondido que sí hay una planificación y que, de hecho, se ejecuta a través de la Dirección Nacional de Minería, no lo adjuntó en su descargo. En tanto que la Secretaría de Transporte carece de un sistema que centralice la información sobre su gestión.