Varios odontólogos de la Obra Social del Poder Judicial de la Nación (OSPJN) presentaron facturas por servicios que nunca prestaron y por montos mayores a lo que les correspondía.

La información figura en un expediente instruido desde la propia OSPJN, que fue analizado por la Auditoría General de la Nación (AGN) en un trabajo aprobado en mayo de este año sobre datos del período 2005-2007.

Es que el 3 de abril de 2007, la Asesoría Jurídica de la Obra Social pidió a su área de contaduría el detalle de la facturación de los profesionales, en especial de los odontólogos, porque se había “extraviado” documentación sobre los prestadores. Fue en ese expediente donde los dentistas “han reconocido” las irregularidades en sus facturas. De hecho, y a partir de la revelación, la AGÑ añade que hubo “devoluciones a favor de la OSPJN por $ 25.418 por la facturación de un trimestre y se constituyó un depósito equivalente por eventuales errores en otras liquidaciones”.

En el mismo expediente de la Asesoría Jurídica, caratulado “Investigación s/ facturación s/ Sección Odontología”, aparecen otras observaciones, como órdenes de pago con fechas de emisión anteriores a la de las facturas que se liquidan, o bien, 97 casos de presupuestos duplicados que aparecen por lo menos en dos órdenes de pago por un valor acumulado de $ 206.422.

Además, en una orden de pago, hay una planilla de rendición respaldatoria donde se “agregó a mano un código que incrementa el total en $ 7.280 sin fundamento alguno”. Y, en varias rendiciones mensuales, se adjuntaron transcripciones de presupuestos con valores mayores a lo que figuraban en los papeles originales “con el agregado inicial de uno o dos dígitos”.

Por otro lado, el informe de la AGN analizó una muestra de 173 órdenes de pago y detectó que, en cuanto a la selección de los prestadores, en 33 casos “no existe ningún tipo de antecedente del proceso de selección” de los profesionales, “ello implica que el organismo –la OSPJN- carece de la documentación que dispuso la incorporación del prestador como tal”.

Asimismo, el ente de control observó que “en la mayoría de los expedientes no se incluye el currículum del prestador”, y no existen antecedentes del análisis y la evaluación general que debe hacer la Auditoría Médica de la Obra Social.

La AGN comprobó que hay órdenes de pago que no tienen la firma del área que las emite y que, “en general”, no se incluye constancia documental que respalde y dé sustento al importe liquidado que se va a pagar. También se encontraron dos planillas con importes globales sin detalles, una firmada por la Dirección General por $68.941,27, y otra con la firma de la Subdirección Administrativa por $ 59.455,30.

Ante un pedido de documentación por parte de la Auditoría, con respecto a la “conformidad de la prestación”, la OSPJN había respondido que era imposible satisfacer ese requerimiento.

La Obra Social acumula documentación que, por su cantidad y volumen, ocupan un espacio físico considerable que supera la capacidad de su sede administrativa, en Lavalle 1653. Para liberar espacio, periódicamente se trasladan cajas al archivo que está en Villarino 2010, en el barrio de Barracas.

La Auditoría inspeccionó esas instalaciones y descubrió gran cantidad de cajas “en mal estado de conservación, mojadas, comidas por roedores, aplastadas, abiertas y con su contenido desparramado en el piso”. A la vez, según los técnicos de la AGN, quedó en evidencia la “ausencia de criterio de organización, registro y clasificación”. De hecho, fueron seleccionadas tres cajas al azar con papeles correspondiente a las prestaciones odontológicas, y se concluyó que “no existe metodología alguna mediante la cual la documentación archivada pueda correlacionarse con la orden de pago que se generó”.

No obstante, los auditores también resaltaron la “deficiente calidad de las instalaciones edilicias, con sectores anegados y sin espacio adecuado para el personal permanente”. Con estos hallazgos, el organismo de control completó su informe ratificando los argumentos de la Obra Social de los judiciales en cuanto a la imposibilidad de entregar la documentación que había sido solicitada.