El Gobierno reglamentó parcialmente la Ley de Acceso a la Información Pública
El decreto fue publicado este martes en el Boletín Oficial
El gobierno nacional publicó este martes en el Boletín Oficial el decreto de reglamentación de la Ley 25.275 de Acceso a la Información Pública. La norma, sancionada por el Congreso y promulgada por el presidente Mauricio Macri en septiembre de 2016, busca "garantizar el efectivo ejercicio del derecho de acceso a la información pública, promover la participación ciudadana y la transparencia de la gestión pública".
El Decreto 206/2017, que lleva las firmas de la vicepresidente Gabriela Michetti, el jefe de Gabinete, Marcos Peña, y el ministro del Interior, Rogelio Frigerio, entrará en vigencia el 29 de septiembre de 2017.
Decenas de artículos e incisos del texto aprobado quedaron sin reglamentar, según indica el Anexo que adjuntó hoy la administración nacional. "La reglamentación que aprueba el presente decreto es producto de múltiples y enriquecedores debates, así como de una consulta pública en la que se puso a consideración de la sociedad civil la necesidad de reglamentar algunos aspectos de la ley", explicó el Gobierno.
La ley dispone que el Estado deberá entregar la información "de forma totalmente gratuita" a quien la requiera siempre y cuando exista versión electrónica de los datos pedidos. Caso contrario, el solicitante deberá abonar el monto correspondiente a los costos de reproducción.
En el artículo 8, referido a las excepciones, el texto señala que "el carácter reservado, confidencial o secreto de la información clasificada por razones de defensa, política exterior o seguridad interior debe ser dispuesto por normas que reglamenten el ejercicio de la actividad y por acto fundado de las respectivas autoridades competentes, de forma previa a la solicitud de información". "En caso de no existir previsión en contrario, la información clasificada como reservada, confidencial o secreta mantendrá ese estado durante 10 años desde su producción, transcurridos los cuales, el sujeto obligado deberá formular un nuevo análisis respecto de la viabilidad de desclasificar la información a fin de que alcance estado público", añade.
Fuente: Infobae