El fenómeno de gobierno abierto llegó para quedarse y cada vez son más los gobiernos que abren canales de comunicación y propagan información pública para que los ciudadanos puedan participar en las políticas públicas.

Tanto es así, que el Director Ejecutivo de la Alianza para el Gobierno Abierto (OGP) -una iniciativa multilateral en la que gobiernos de 75 países miembros trabajan en conjunto con la sociedad civil para promover la transparencia- elaboró un documento en el que enumera ejemplos de países que están empoderando a la ciudadanía y reconstruyendo la confianza en sus funcionarios.

Uno de los pilares de este nuevo paradigma es que el acceso a la información sea realmente útil. Cabe destacar, en esta línea, el caso del portal uruguayo A Tu Servicio, que publica datos sobre salud para que la población pueda conocer las distintas opciones, dar seguimiento de los costos, comparar proveedores y saber los tiempos de espera.

Algo similar ocurre en el sur de Asia, puntualmente en Sri Lanka, donde una organización de la sociedad civil está utilizando el derecho a la información para ayudar a las familias desplazadas tras la guerra civil a encontrar a sus familiares.

También es importante que los ciudadanos puedan participar en la toma de decisiones y en el desarrollo de políticas públicas que sean de su interés.

En este sentido, la provincia Kivu del Sur ubicada en la República Democrática del Congo, África, permitió a los ciudadanos que tomen decisiones sobre la asignación de recursos a través de sus celulares. Cuando los africanos comenzaron a notar que los caminos y escuelas estaban mejorando, la recaudación fiscal incrementó 16 veces.

Incorporar a las comunidades más marginadas es otro de los desafíos del gobierno abierto, según la OGP. Sobre este punto, el caso de Costa Rica es el que más se destaca porque el gobierno y la sociedad civil establecieron un diálogo con la población indígena que ayudó a resolver conflictos violentos sobre tierras. 

Otra de las cuestiones más importantes es que los ciudadanos puedan dar seguimiento a los gastos de los fondos públicos y reportar los usos indebidos.

En Italia, el gobierno publicó de manera online los detalles de proyectos con un valor de 100 mil euros. Con esta información, un grupo de italianos descubrió que los fondos asignados a su centro comunitario local habían sido bloqueados por una relación de complicidad con el crimen organizado.

Georgia, Estados Unidos, también es un ejemplo distinguido ya que la institución máxima de auditoría empezó a publicar datos sobre el financiamiento de los partidos políticos para monitorear en caso de que haya beneficios ilícitos.