La investigación que amenaza con derivar en un monumental pedido de indagatorias a intendentes parte de una serie de irregularidades descubiertas en una auditoría conjunta entre el Ministerio de Ambiente y la Sigen. Sobre todo se señala la ausencia de controles y el envío de cantidades sospechosas de dinero a municipios que tienen marcadas diferencias. Al menos por ahora, la causa se enfoca en el delito de malversación de caudales públicos, aunque la fiscalía, según pudo saber LA NACION, no descarta otros delitos.

En una síntesis del requerimiento de instrucción a la que tuvo acceso este diario están consignadas las irregularidades que originaron la causa. Un apartado es general y otro se enfoca en los municipios de la provincia de Chaco.