Publicado: 05-12-2011 
  
Tucumán.- La Legislatura cerrará el año con una sesión en la que deberá estudiar la polémica fusión de los entes reguladores de los servicios públicos de agua y cloacas y de luz. Esa es la intención del Poder Ejecutivo, que ya remitió un borrador de la iniciativa a Fiscalía de Estado y a los principales referentes legislativos del PJ para aunar la redacción del proyecto de ley.

Según el documento que dio a conocer LA GACETA el martes 29 de noviembre, el Gobierno aspira a crear un ente único, en lugar del Ente Provincial de Regulación de la Energía de Tucumán (Epret) y del Ente Regulador del Servicio de Agua y Cloacas (Ersact). Este organismo absorbería a los 75 empleados permanentes del Epret (controla a la prestadora EDET y a los 35 trabajadores del Ersact (extiende su área de influencia a municipios y comunas que no reciben la atención de la sociedad estatal Aguas del Tucumán (SAT).

El ente único será conducido por un directorio de tres personas. En principio, su ámbito de acción serán los mismos del Epret y del Ersact, pero en el PE pretenden darle amplias facultades a la flamante estructura. Por ejemplo, la revisión tarifaria de los servicios de agua y cloacas y de luz con información cruzada sobre los usuarios. Además, el borrador que está en manos del ministro de Coordinación, Jorge Gassenbauer, prevé la incorporación de otros servicios bajo la órbita de control. Por ejemplo, barrios y emprendimientos privados.

El proyecto que debatirá la Legislatura en la última sesión del año (seguramente, antes de Navidad), contempla la creación de la figura del Defensor del Usuario, aunque aún no está consensuado cuál será el mecanismo de selección de la persona que ejercerá esa función en el ente único.

Sin embargo, la iniciativa del alperovichismo para modificar la estructura del Ersact y del Epret no será la única que probablemente llegue al recinto de sesiones. El radicalismo ya elaboró su propio proyecto de ley para fusionar los entes de control.

La legisladora Silvia Elías de Pérez advirtió que el Estado debe profesionalizar la nueva estructura, y priorizar la formación técnica por sobre las cuestiones políticas. "Es necesario que el nuevo ente no se convierta en una dependencia para pagar favores políticos del oficialismo. Por el contrario, debe contar en su gerenciamiento con profesionales probos e idóneos en la materia, surgidos de concursos de antecedentes y oposición, y fundamentalmente con representación de los usuarios de los servicios", planteó.

La referente radical consideró que la nueva estructura debe tener una mayoría de los usuarios en el directorio. "El proyecto apunta a un organismo menos burocrático y más eficiente y dinámico, que realice un control más estricto sobre las empresas prestatarias y el servicio que ofrecen", adelantó.