Publicado: 21-02-2011


Tierra del Fuego.- Pedro Bernal y Jorge Domínguez enfrentarán el tercer proceso por presuntos delitos cometidos en el manejo de adelantos con cargo a rendir. Esta vez son 340 mil pesos destinados a refaccionar el Paso Fronterizo San Sebastián. También juzgan a tres contratistas acusados de haber actuado en connivencia con las autoridades. Investigan sobreprecios, trabajos no realizados, adjudicaciones direccionadas y otras numerosas irregularidades.

Dos funcionarios de la gestión del ex gobernador Jorge Colazo que ya están presos por causas de corrupción volverán a ser juzgados por nuevos hechos en un juicio oral y público que comienza mañana en Tribunales, confirmaron fuentes de la Justicia.

Se trata del ex secretario de Obras Públicas Pedro Manuel Bernal, y del ex subsecretario del área Jorge Armando Domínguez, a quienes se acusará ahora de presuntos delitos cometidos en el manejo de adelantos con cargo a rendir por un valor de 340 mil pesos.

La causa investiga si se pagaron sobreprecios o directamente no se realizaron parte de los trabajos contratados con particulares para remodelar y refaccionar el Paso Fronterizo de San Sebastián. También se analiza el modo en que se realizaron las contrataciones ante la sospecha de connivencia con comerciantes locales.

De hecho, además de Bernal y Domínguez, el Tribunal Oral en lo Criminal de Ushuaia juzgará desde el martes 22 a Carlos Marcelo Praussello, Pablo de la Cruz Peña y José Luis Costa, todos constructores ligados a la gestión Colazo y acusados de participar de las presuntas maniobras ilícitas.

340 mil pesos


El caso iniciado en 2005 con el número 13.157 responde a una denuncia formulada por los entonces legisladores Manuel Raimbault y José Martínez. Uno de los anticipos, por 300 mil pesos, fue otorgado mediante expediente administrativo 14.532/04 a Bernal, quien lo cobró mediante seis pagos de 50 mil pesos. El otro anticipo, por 40 mil pesos, fue concedido a través del expediente 15.322/04 al mismo funcionario.

En el primer caso, la Fiscalía sostiene que las contrataciones realizadas con ese dinero se efectuaron "en franca violación a la ley nacional de obra pública, sin que hayan intervenido previamente los estamentos técnicos del ministerio (…) ni se haya contado con presupuesto aprobado, ni se haya llamado a licitación pública", entre otras irregularidades.

Pero, además, se detectó que los presupuestos presentados por algunas empresas tenían fecha posterior a la contratación, lo cual "permite apreciar el inocultable direccionamiento en pos de adjudicar la obra a una determinada firma".

En otros casos se encontraron facturas con fechas falsas, presupuestos con ítems inexistentes en la realidad (por ejemplo oficinas que tienen la mitad de la superficie declarada) y hasta trabajos cobrados por particulares que habría llevado a cabo personal de Obras Públicas.

En el caso del anticipo de 40 mil pesos, el Tribunal de Cuentas halló sobreprecios en la contratación y "contraprestación ficticia" ya que "en varios ítems presupuestados y abonados, las tareas no existieron", puede leerse en el requerimiento de elevación a juicio.

Bernal y Domínguez fueron acusados de los delitos de "defraudación contra la administración pública bajo la modalidad de estafa reiterada en concurso real" y "violación de los deberes de funcionario público en concurso ideal", mientras que a Praussello, De la Cruz Peña y Costa se les imputa la participación necesaria en orden al delito de "defraudación contra la administración pública bajo la modalidad de estafa".

"Luce claro que los ex funcionarios públicos Domínguez y Bernal obtuvieron ilegales beneficios económicos al igual que los particulares involucrados", reseña la Fiscalía en su acusación.

Condenas anteriores

Tanto Bernal como Domínguez tienen dos condenas anteriores por delitos cometidos durante su paso por el gobierno de Colazo.

Ambos recibieron una pena de cuatro años y seis meses de prisión efectiva en junio del año pasado como co-autores del delito de peculado reiterado en concurso ideal con falsificación de instrumentos públicos.

El caso investigó la utilización de dos adelantos por un valor total de 550 mil pesos solicitados por Domínguez y autorizados por Bernal a fines de 2004. Con ese dinero debían ejecutarse diecisiete trabajos de reparación en edificios de la Policía. Pero según informes de la propia fuerza de seguridad y del Tribunal de Cuentas, las obras nunca se hicieron en su totalidad y muchas ni siquiera se empezaron.

En ese juicio también condenaron a Prausello y a Omar Alberto Calquin, considerados por la Justicia como autores del delito de falsedad de instrumento público, a tres años de prisión en suspenso, mientras que el resto de los acusados, otros nueve contratistas de obra pública durante la gestión Colazo, también fueron hallados culpables del delito de falsificación y condenados a penas de prisión en suspenso que fueron de uno a dos años y medio.

Por su parte el 17 de febrero de 2010, Domínguez había sido condenado a la pena de cinco años y seis meses de prisión de cumplimiento efectivo, luego de un juicio en el que se lo juzgó por el manejo de un millón 130 mil pesos de adelantos con cargo a rendir destinados a la refacción de edificios escolares.

En tanto, Bernal está preso desde el 3 de junio de 2009. Esa jornada lo condenaron a 4 años de cárcel por el delito de peculado reiterado en dos hechos, en concurso ideal con falsificación de documento público, en una causa que investigó el destino de anticipos con cargo a rendir por un valor estimado de 80 mil pesos.