En 2007, la empresa estatal Energía Argentina S.A. (ENARSA), obtuvo préstamos para comprar el paquete accionario de una compañía de electricidad. Por su naturaleza, la entidad creada en 2004 está sometida a la Ley 24.156 de Administración Financiera, pero según un informe de la Auditoría General de la Nación (AGN), dos áreas de la misma firma tienen “discrepancias” sobre la aplicación de la norma justamente a esa operación, que totalizó U$S 27 millones.

Por un lado, la AGN dice que fue la propia Comisión Fiscalizadora de ENARSA la que observó que “no se ha tenido en cuenta lo prescripto en los artículos 52, 57, 59, 61, 63 y 66 de la Ley 24.156” para comprar acciones de Transener, una empresa que tiene a su cargo el control de la red de energía eléctrica de extra alta tensión. Y es que, por citar un ejemplo, el artículo 59 de la norma establece que “ninguna entidad del sector público nacional podrá iniciar trámites para realizar operaciones de crédito público sin la autorización previa del órgano coordinador de los sistemas de administración financiera”. Algo que la firma estatal no hizo.

Sin embargo, el Directorio de la empresa respondió ante la AGN que tiene “otra perspectiva” sobre los alcances de la Ley, al entender que “sólo resultan aplicables las disposiciones –de la norma- referidas a los sistemas de control interno y externo” de su gestión.

La Auditoría añade que esta “discrepancia” llegó hasta el Ministerio de Planificación Federal –de quien depende ENARSA- que acudió a la Procuración del Tesoro de la Nación, para que sea este organismo el que determine qué alcances tiene Ley en cuestión. Al cierre de la investigación, la Procuración no se había pronunciado al respecto.

“La empresa sólo cumple lo referido a la confección del presupuesto”, afirma la AGN, aunque aclara que “la misma no se ajusta a dicho presupuesto, ni tramita las modificaciones como debiera corresponder”. Sobre la compra de acciones de Transener, y los manejos presupuestarios, ya se había manifestado la Sindicatura General de la Nación (SIGEN) en un informe aprobado en 2008.

La operación

Transener es una empresa controlada por la Compañía Inversora de Transmisión Eléctrica (CITELEC S.A.). Hasta 2007, sus accionistas eran Transelec y Petrobras en partes iguales. En 2005, una disposición de la Secretaría de Energía fijó a la firma una obligación de desinversión por la que Petrobras debió vender su paquete accionario.

Así fue que entró ENARSA en la historia. La compañía estatal ofertó U$S 27 millones para adquirir la mitad de las acciones de Petrobras. La otra mitad se la llevó la firma Electroingeniería, por el mismo monto.

La operación se formalizó el 27 de junio de 2007. EARSA pagó un anticipo de U$S 5,4 millones con recursos propios, y luego hizo tres desembolsos, dos por U$S 8,1 millones gracias a dos préstamos, y el último, por U$S por 5,4 millones, con fondos del segundo préstamo.

Sobre la compra, la Auditoría reveló que “el Directorio de ENARSA no brindó a la Comisión Fiscalizadora la totalidad de los antecedentes solicitados por esta, en el ejercicio de control de legalidad, respecto a los negocios encarados por la sociedad”. Es que, a pesar de los montos en cuestión, el informe cuenta que “la Comisión no pudo expedirse sobre la compra, las características del préstamo financiero, las capacidades de pago y repago para solventarlo, los riesgos del empréstito y la consecuente tasa de interés”. Esta información fue pedida por la misma Comisión durante las reuniones de Directorio números 46, 56, 59, 60, 61 y 66, en las que se trató la compra de acciones de CITELEC, según surge de las actas a las que tuvo acceso la AGN.