Y que la tarea que hasta hoy desarrolla la Anticorrupción -que en los últimos meses no sólo perdió a su titular, Luis Pedemonte, que se presentó a un concurso para cubrir un cargo en la Justicia, sino a otros tres profesionales- bien podría ser asumido por el Ministerio Público Fiscal, que depende del Poder Judicial.

"Lo que digo es que hay que redefinir la función de la Oficina Anticorrupción en el marco de lo que estableció la reforma de la Constitución. Ahora, es el Ministerio Público Fiscal el encargado de llevar adelante la acción penal en hechos de corrupción. Y la ubicación lógica de esa tarea no es el Poder Ejecutivo ni el Legislativo, sino el Poder Judicial. Y dentro del Poder Judicial, el Ministerio Público Fiscal", aseguró.

En realidad, la Oficina Anticorrupción entró en un período de muerte por inanición: el organismo, según se quejan los empleados del área, ha sido relegado y casi no desarrolla ninguna actividad. Por eso, en los últimos meses empleados procuraron plantear su preocupación al fiscal de Estado que, hasta ahora, aseguran, no los ha recibido.

Más aún: la sede que ocupaba hasta ahora, en Rivadavia y Falucho, ha sido ocupada por la Dirección de Sumarios.

Ahora la Anticorrupción busca un lugar donde instalarse, en un radio no mayor de 3 cuadras alrededor de la Casa de Gobierno. La Fiscalía de Estado lanzó un cotejo de precios para alquilar un inmueble para ubicar al organismo de lucha contra la corrupción.

El funcionario opina que la tarea que viene desarrollando desde su creación la Oficina Anticorrupción es de resorte exclusivo del Poder Judicial, así que no hay razón para su continuidad con esa misión.

"Estoy pensando que hay que fusionar la Dirección de Sumarios con la Oficina Anticorrupción. En definitiva, la Dirección de Sumarios hace la instrucción sumaria, ¿y qué es la instrucción sumaria? Es una investigación. Ya hay una oficina que investiga, que es Sumarios. Una vez que termina la instrucción, se decide si se dispara una acción penal, si hay delito, o una sanción administrativa, con sumario. O una acción civil, si hay daño y perjuicio a la provincia, para intentar resarcir el daño".

Oficina por Fiscalía

Habían pasado apenas tres jornadas de la Nochebuena de 2003 cundo el entonces gobernador Jorge Busti dio a conocer el texto del decreto Nº 150 por el cual creó a la Oficina Anticorrupción y Ética Pública, que suplantó a la Fiscalía de Investigaciones Administrativas (FIA), creada por su antecesor, el radical Sergio Montiel. Ese decreto, en su artículo 1º, modificó el decreto Nº 202, del año 2000, "suprimiendo la estructura y las actividades, alcances y competencias que estableció con respecto a la Oficina de Auditorias e Investigaciones Especiales".

En reemplazo, se creó, en el artículo 2º, la Oficina Anticorrupción y Ética Pública que tendrá como tarea esencial "la de velar por la prevención e investigación de todas las conductas comprendidas en la Convención Interamericana contra la Corrupción dentro del ámbito de la administración pública provincial centralizada y descentralizada, entes autárquicos, empresas del Estado, sociedades con participación estatal y todo ente público o privado con participación estatal y todo ente público o privado, con participación estatal o que tenga como fuente de recursos el aporte del Estado". El Once Digital