Publicado: 15-05-2010
 
La fiscalía no difundió oficialmente la identidad de los involucrados.

Salta.- La fiscal penal 2, María Inés Loyola, promovió acción penal contra funcionarios públicos que intervinieron en la contratación y pago de una suma de dinero para la digitalización del archivo provincial con la empresa Plumada SA, en el 2007, acusándolos del delito de negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública, en grado de autores y cómplices. El pedido se hizo extensivo también a directivos de Plumada y no se dieron a conocer los nombres de los involucrados, aunque extraoficialmente se señaló que Larrán, Moreno, Altube y Cáseres serían los apellidos de las personas a las que apunta la promoción penal.

Para adoptar esta decisión, Loyola consideró las irregularidades administrativas como la violación de las normas sobre contrataciones y el exiguo tiempo en que se llevó a cabo ( menos de 6 días hábiles), teniendo en cuenta el volumen económico del contrato, unos 11 millones de pesos. Las irregularidades fueron descriptas de manera coincidente por diferentes dictámenes técnicos de organismos de control, como la Auditoría General de la Provincia, la Sindicatura General y la Secretaría Legal Técnica. La fiscal consideró que hubo una falta de los controles obligatorios que prevé la ley, "lo que hace suponer una probable vinculación entre los funcionarios intervinientes con algunos de los miembros de la firma Plumada, que evidencian un interés particular en que tal negocio se realice". Para Loyola, la digitalización que se pretendía es un proceso de altísima complicación que ameritaba un profundo análisis por parte de expertos en el tema que opinen sobre la conveniencia o no de su aplicación. 

Profunda investigación 

Con su promoción de acción penal, la fiscal Loyola superó la hipótesis originaria de que podía tratarse de un simple incumplimiento del orden administrativo relativo a las contrataciones públicas.

Por el contrario, propicia una profunda investigación orientada a conocer los pormenores del contrato que permitía digitalizar el archivo de la provincia, para lo cual la empresa habría recibido un adelanto de los 11 millones de pesos previstos inicialmente, con lo cual podría dar comienzo a una amplia tarea integral de digitalización de datos.

"Esta visión del caso ha surgido de una valoración sistemática del modo inusual en que se actuó, con ligereza en cuanto a la formalidad y con una velocidad que debe ponerse en consonancia con la circunstancia del cambio de autoridades", advierte Loyola.

En este aspecto, la fiscal pidió que se convoque a la causa a técnicos que puedan aportar datos sobre cómo debe instrumentarse y estudiarse un proyecto de esta magnitud.