Procesado en Salta Fernando Palópoli, ex Secretario de Prensa del gobierno de Romero
Estadio Martearena
Fernando Javier Palópoli, un periodista que se desempeñó como Secretario de Prensa del Gobierno de Salta durante el mandato de Juan Carlos Romero, y que fue también portavoz del exgobernador, fue procesado por un juez de Instrucción de SAlta por la presunta comisión de un delito de peculado y otro de incumplimiento de los deberes de funcionario público, en relación con la gestión administrativa de la empresa estatal Estadio Siglo XXI, que tuvo a su cargo el estadio de fútbol que hoy lleva el nombre de Ernesto Martearena.
Junto al procesamiento de Palópoli, el juez de Instrucción Formal de Sexta Nominación José María Alvarado Solá dispuso también el procesamiento de Antonio Enrique Martos, también exfuncionario del gobierno de Romero, y de Juan Carlos Ibire, que se desempeñara como gerente general de la citada sociedad estatal.
El procesamiento fue pronunciado por el juez después de la investigación penal llevada a cabo por la justicia salteña tras la denuncia formulada por los entonces diputados provinciales Fanny Velarde, Marcelo Lara Gros, Teodoro Bécker, Héctor Romero, Virginia Cornejo, Fabián Vittar, Oscar Villa Nougués y Raúl García ante la Procuración General de la Provincia.
Los diputados renovadores se basaron en su momento en las conclusiones del informe elaborado por la Auditoría General de la Provincia sobre la Auditoría de Legalidad Financiera y de Gestión efectuada en la Sociedad del Estadio Sede Mundial Siglo XXI, instrumentos en los que se formulan hasta un total de 86 observaciones legales y técnicas.
En esta causa también estaba involucrado el fallecido periodista deportivo y empresario Julio Castillo, exsocio del gobernador Romero, sobreseído por extinción de la acción penal.
Palópoli -vinculado familiarmente al actual Secretario de Deportes del gobierno de Urtubey- Martos y Castillo, fueron designados por decreto provincial 1.851.
Según informa hoy la edición digital de Nuevo Diario de Salta, de la ejecución de 2003 surgieron omisiones sobre todo en la exposición de los ingresos. De acuerdo con el periódico, esta actuación "configura el ilícito de peculado".
En la misma resolución judicial, Alvarado Solá ha dispuesto la libertad provisional con cargos de los procesados, si bien el procesamiento puede ser todavía objeto de impugnación por la representación procesal de los afectados.
De hecho, el mismo periódico sostiene que la defensa de Fernando Palópoli prepara ahora mismo la apelación, pues el exfuncionario tiene "la convicción personal y profesional que nunca existió faltante de dinero".
La abogada que defiende a Palópoli en esta causa dijo que se trata de "un problema contable que el juez no entendió nunca".