Son los que aplica el Tribunal de Cuentas a funcionarios para que paguen con plata propia los perjuicios al Estado.

San Juan.- Al contrario de lo que decían en voz baja, los miembros del Tribunal de Cuentas no recurrieron la declaración de inconstitucionalidad de la Corte de Justicia de un juicio de responsabilidad y el fallo quedó firme. En virtud de esa resolución, en el organismo están analizando por estas horas qué hacer con los, al menos, 20 procesos del mismo tenor que tienen en trámite. Fuentes calificadas dijeron que una de las posibilidades es mandar todos los procesos a archivo, como lo han pedido por escrito algunos funcionarios que están siendo investigados por el organismo. También evalúan las alternativas de enviar todo a Fiscalía de Estado para que ahí decidan qué hacer o seguir adelante con los juicios. 

El replanteo del futuro de este tipo de juicios, que obligan a los funcionarios a pagar de su bolsillo el perjuicio que ocasionan al Estado -los otros son los juicios de cuenta, que no están cuestionados- es a consecuencia del fallo de la Corte en el llamado caso Aleco. El Tribunal de Cuentas condenó a María Inés Rico, ex titular de Turismo en la gestión de la Alianza, a pagar una suma de dinero para reparar el daño que le causó al fisco con la contratación irregular de una agencia de publicidad. Sin embargo, la ex funcionaria fue a la Justicia y la Corte declaró que el organismo de control no tiene facultades constitucionales para "promover, tramitar y decidir juicios de responsabilidad", por lo que el proceso quedó en la nada. 

En este contexto, ahora se abre un interrogante acerca de los otros juicios de responsabilidad que hay en marcha contra funcionarios y empleados públicos. Fuentes del Tribunal de Cuentas aseguraron que son, al menos, 20. Si bien el fallo de la Corte es en un caso particular, hay quienes dicen que obliga a que el resto siga la misma suerte. Esto, porque tarde o temprano, siempre que los condenados vayan a la Justicia, se entiende que los cortistas mantendrán el criterio.

Por lo pronto, al organismo ya ingresaron cuatro pedidos de personas sometidas a juicio para que se archiven las actuaciones. Entre ellos, el ex intendente Alfredo Avelín Nollens, que a través de su abogado plantea que el proceso por el escándalo de los vales de combustible en Capital durante su gestión debería ser archivado porque, como lo dijo la Corte, "los juicios de responsabilidad son inconstitucionales". 

Y actuales y ex funcionarios planean hacer lo mismo. Así lo anticiparon Adolfo Ibazeta y Emilio Mendoza, sometidos a juicios de responsabilidad por presuntas irregularidades cometidas cuando eran intendentes de Calingasta y Caucete, respectivamente.

Según las fuentes, hay dos alternativas más. La de Fiscalía de Estado o la de continuar como sin nada hubiera pasado (Ver Las alternativas). La decisión la deben adoptar los cinco miembros del Tribunal de Cuentas, en una reunión de plenario, en medio de una fuerte división. Las fuentes dijeron que hasta el momento hay dos que no quieren archivar los juicios, por temor a que los acusen de no cumplir con sus deberes.