Durante 2006 varias provincias y municipios recibieron Aportes del Tesoro Nacional pese a que no explicaron para qué necesitaban el dinero.

Lo detectó la Auditoría General de la Nación (AGN) en un informe que analizó la gestión de la Secretaría de Provincias, una dependencia del Ministerio del Interior, que administra los fondos que se transfieren a las jurisdicciones para paliar desequilibrios financieros.

El organismo de control examinó 43 expedientes tramitados en 2006 que representan casi un tercio (29,7%) del presupuesto devengado en ese rubro.

Según el informe, el trámite de otorgamiento dura entre uno y dos días. “En los expedientes –dice la AGN-, no se identifica la causa del desequilibrio financiero o la emergencia” que originan la solicitud, y agrega: “En casi la totalidad de los casos analizados, los requirentes recurren a la mención ‘desequilibrios financieros’ sin que consten elementos de juicio que permitan corroborar tal aserto”.

En la muestra figuran seis casos en los que “no se especifica el motivo que provocó el pedido” de dinero y, en nueve expedientes, los requerimientos ni siquiera tienen fecha.

Por otra parte, hubo seis jurisdicciones que sí detallaron por qué necesitaban los fondos, aunque no especificaron cuánto querían. La AGN añade que en diez casos, se entregaron sumas menores a las solicitadas “sin que surja de la documentación la justificación de los montos otorgados”.

Además, los auditores señalaron irregularidades formales como, por ejemplo, que los expedientes “no fueron ingresados por la mesa de entradas del Ministerio (del Interior)”, y que, en 25 casos, no se trató de documentos originales, sino de “faxes o fotocopias”.

Ante este panorama, el organismo de control, que aprobó su informe en mayo sobre datos de 2006, apuntó que “la Secretaría de Provincias no posee criterios formales, (ni) un sistema de prioridad” para otorgar los ATN. Asimismo, se agrega que “no existen registros formales de todos los requerimientos que recibe el Ministerio”. Durante la investigación, la Auditoría advirtió la existencia de “una planilla de cálculo, de la cual no es posible concluir si las solicitudes a las que no se les asignó ATN fueron analizadas y denegadas, o bien, si no llegaron a tratarse”.

El organismo de control también sostiene que “no consta (en los expedientes examinados), la evaluación técnica que debe efectuar la Secretaría de Provincias sobre los requerimientos (de fondos) antes de proceder a otorgar un ATN”.

Según la reglamentación vigente, cuando un ATN es aprobado y otorgado, el gobierno de la provincia beneficiada debe emitir un decreto de ampliación presupuestaria y aplicación específica de esos recursos. Una copia autenticada de ese decreto se remite a la Secretaría de Provincias para permitir que los organismos de control nacionales cumplan con sus funciones.

Sobre esto, la Auditoría verificó que se agregaron a los expedientes “versiones incompletas de los decretos provinciales”, y que había “faltante de fojas o anexos”. También se observó la “existencia de decretos de rendición parcial de las sumas (transferidas), con lo cual no se satisface la información sobre la suma total otorgada y recibida”. Incluso, en algunos casos “no se han agregado los decretos provinciales”.

Ejemplos

El informe de la AGN puntualiza que un legislador nacional solicitó Aportes del Tesoro Nacional para 17 municipios de Corrientes por $ 880 mil “sin mencionar la causal del pedido”.

En este caso, la provincia emitió un decreto, el 2.375/06, que refiere envío de $ 620 mil que fueron distribuidos en 13 municipios. Del análisis de la información referida, la Auditoría manifiesta que “a cinco municipios incluidos en el pedido original (Concepción, Ituzaingó, Perugorría, Parada Pucheta, y Riachuelo), no les fue otorgado el correspondiente aporte, en tanto que al municipio de Santa Lucía –que no formaba parte de la solicitud- se le otorgó un aporte de $ 30 mil”.

Por otro lado, el municipio de Berazategui, en el conurbano bonaerense, se entregaron dos ATN de $ 100 mil cada uno con una semana de diferencia (uno el 31 de agosto, y el otro el 4 de septiembre de 2006) “sin evidencias, en el segundo otorgamiento, de los efectos que habría tenido el primero”, completa el informe.