Entre 1997 y 2006 la deuda pública de la provincia de Buenos Aires aumentó un 764%. A partir de este dato, una funcionaria del Tribunal de Cuentas bonaerense propuso elaborar procedimientos para auditar la evolución del endeudamiento mediante la agilización de los organismos de control externo.

Se trata de María del Carmen Sabugal y la iniciativa forma parte de la tesis que presentó ante la Maestría de Auditoría Gubernamental de Escuela de Política y Gobierno de la Universidad Nacional de San Martín.

Contexto

Sabugal enmarca el endeudamiento bonaerense dentro del proceso experimentado por varios países durante los últimos quince años, desde las crisis financieras de México (1994-1995), Sudeste Asiático (1997) y Rusia (1998), cuando el peso de las deudas públicas en América Latina pasó del 35,6% al 51,9% del PBI entre 1998 y 2002.

En ese escenario, la Argentina no quedó indemne. De hecho, fue una de las regiones que más sufrió las consecuencias del proceso. Y, particularmente en el caso de la provincia de Buenos Aires, más allá del aumento registrado en la deuda pública, su incidencia sobre el PBI alcanzó el 567%.

La manera en que se contrajeron y administraron esas deudas comenzó a demostrar la vulnerabilidad de un principio que hasta entonces parecía infalible: que el endeudamiento, usado como fuente de financiación, permitía desarrollar recursos futuros y mejorar, o por lo menos mantener, el bienestar de la población.

Tras esta sucesión de crisis, se reclamaron mecanismos para auditar las deudas públicas, y garantizar que los compromisos asumidos sean acordados en consultas nacionales, los recursos se apliquen a los fines previstos y que el endeudamiento no se convierta en una carga para los pueblos supuestamente beneficiados.

Ideas

A partir de entender que un adecuado control sobre las deudas públicas podría haber aminorado –o tal vez evitado- las crisis, Sabugal observa que el Tribunal de Cuentas bonaerense tiene ciertas limitaciones para abordar la problemática.

Entre otras, la autora destaca que evaluaciones contables, como la Cuenta General del Ejercicio, llegan en forma extemporánea a quienes deben tomar las decisiones a nivel gubernamental. Además, apunta la necesidad de ampliar el enfoque para alcanzar lo que se denomina “buenas prácticas de gestión”, y resalta la necesidad de contar con equipos interdisciplinarios bien capacitados para hacer las auditorías.

Asimismo, se propone establecer los lineamientos de un manual operativo para las auditorías de deuda pública, y definir las características de una política de control.

La funcionaria tomó como base para su trabajo el modelo usado por las Entidades Fiscalizadoras Superiores (EFS) de varios países que sufrieron las consecuencias del endeudamiento desmedido y, en especial, se analiza los parámetros y la metodología elegida por Canadá.

Puntualmente, Sabugal plantea la importancia de establecer, por un lado, un marco legal que identifique los principios rectores de la deuda soberana, tanto a nivel nacional como provincial y, por el otro, la consideración de las contingencias derivadas de diferentes programas y actividades de los gobiernos que podrían afectar recursos futuros e incidir directamente en la sostenibilidad de las políticas fiscales.